El ministro ha trasladado a las autoridades mauritanas la necesidad de intensificar el apoyo y trabajo conjunto para controlar los flujos migratorios

Grande-Marlaska ha puesto de relieve la «eficaz» actuación policial conjunta  sobre el terreno y ha apostado por continuar explorando mecanismos de cooperación que refuercen la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la trata de personas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido hoy en Nuakchot (Mauritania) con el primer ministro del país, Yahya Ould Hademine, y con su homólogo mauritano, Ahmedou Ould Abdallah, a los que ha transmitido la necesidad de intensificar «el apoyo mutuo y el trabajo conjunto» para reforzar la colaboración «modélica» de ambos países en materia migratoria así como en la lucha contra el terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Grande-Marlaska ha defendido que la excelente colaboración entre ambos países puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea.

El ministro del Interior ha agradecido asimismo el constante compromiso de Mauritania y ha anunciado que por parte española se mantendrá el apoyo que se viene prestando a este país en el control de fronteras.

Este es el cuarto viaje internacional que realiza Grande-Marlaska desde que fue nombrado Ministro del Interior, y todos ellos han tenido a la política migratoria como uno de sus principales ejes. Además de la participación en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea en Innsbruck (Austria), en el que el tema migratorio tuvo un gran peso, Grande-Marlaska ha visitado ya Marruecos y Argelia, en línea con la apuesta del Gobierno por reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito.

El ministro del Interior español se ha comprometido ante el primer ministro mauritano a intermediar ante la UE para que se reconozca «la solidaridad de Mauritania en el control de los flujos migratorios hacia Europa».

Grande-Marlaska ha destacado en su viaje a Mauritania el trabajo que desarrolla el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) de la Policía Nacional en Nuadibú, así como las labores conjuntas que desarrollan las Patrullas mixtas marítimas de la Guardia Civil con este país y la presencia de un oficial de enlace mauritano en el Centro Regional de Vigilancia Marítima de Canarias. Unos equipos que trabajan sobre el terreno y que, según el ministro, han demostrado ser altamente eficaces evitando la salida de embarcaciones y en, consecuencia, muertes en el mar.

En este contexto, Grande-Marlaska ha apostado por continuar con «los esfuerzos conjuntos» que ahora están centrados en los proyectos Blue Sahel, GARSI-Sahel, y el KSAR. Tres iniciativas de concepción española que, según el ministro, están siendo «decisivas » para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Mauritania en la gestión de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres y en la lucha contra las diversas amenazas a la seguridad.

Lucha contra el terrorismo yihadista

El ministro del Interior español ha señalado que España y Mauritania comparten la preocupación por la amenaza que supone para la seguridad de los ciudadanos el terrorismo yihadista. En este punto, les ha expresado la voluntad de España y del Ministerio del Interior para trabajar conjuntamente contra esta forma de terrorismo.

Asimismo, Grande-Marlaska ha subrayado que el G5 Sahel y los países que lo forman pueden contar «con el total apoyo y colaboración» de España en la lucha contra el terrorismo. «El intercambio de información y la cooperación operativa de las FCS de los diferentes países afectados por el terrorismo es fundamental», ha asegurado.

En este viaje, Grande-Marlaska se ha reunido primero con el ministro del Interior y de Descentralización del país, Ahmedou Ould Abdallah. Posteriormente ha mantenido otro encuentro con el primer ministro de Mauritania, Yahya Ould Hademine. Por último, se ha desplazado Nuadibú para conocer el destacamento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la ciudad y visitar en el puerto de la ciudad el buque oceánico de la Guardia Civil «Río Tajo».

Durante estos encuentros, también han tratado asuntos relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y la trata de seres humanos. El ministro español ha apostado por seguir intercambiando información estratégica y por continuar  «explorando» nuevos mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

La comisión mixta hispano-mauritana se va a reunir próximamente en Madrid en virtud del convenio suscrito en mayo de este mismo año.

Con una edad de entre 25 y 50 años, deberá tener una talla no menor que la que se exige para el servicio militar, una constitución robusta, ser de reconocidas buenas costumbres y gozar de buena opinión y fama. Eran estos algunos de los requisitos que se establecían en 1849 para poder ser guarda municipal de campo, la primera figura de seguridad privada en la historia reciente de España.

Más de siglo y medio después, aunque el cometido sigue siendo el mismo, es decir, garantizar la seguridad de personas y bienes de forma complementaria y subordinada a la seguridad pública, pocos son los parecidos entre aquellos predecesores de los vigilantes y las actuales compañías privadas de servicios de seguridad, que han ido incrementando su presencia en un buen número de segmentos, desde hospitales a colegios, pasando por aeropuertos o incluso por los controles de acceso de instalaciones militares.

El sector cuenta en la actualidad con cerca de 1.500 empresas en España y en los últimos cinco años se han habilitado más de 115.000 nuevos profesionales de la seguridad privada, pero la crisis, como al resto de la actividad económica, también le ha tocado de lleno. Según las estimaciones de Aproser, la asociación profesional de compañías privadas de servicios de seguridad, la facturación cayó en 2012 un 12%, aunque los datos aún no son definitivos, sumando así el cuarto ejercicio consecutivo de descensos, motivados primero por la disminución de la demanda de sus servicios por parte de los particulares y, más recientemente, por las restricciones presupuestarias de las Administraciones públicas, que representan un 25% de su facturación.

Se trata de una situación a la que las principales firmas españolas hacen frente a través de la tecnología. “Estamos consiguiendo crear nuevas soluciones en las que la tecnología juega un doble papel, porque por un lado permite incrementar la calidad de los servicios, con la utilización, por ejemplo, de vigilancia remota y, por otro, reduce los costes al racionalizar la utilización de vigilantes-hora”, analiza José Luis Velasco, director de relaciones institucionales y comunicación de Securitas.

“Se trata de avanzar en la convergencia de la seguridad, combinando sistemas y presencia física y al mismo tiempo responder también a la necesidad

de seguridad lógica de los clientes, pues una invasión de los sistemas informáticos puede hacer más daño que una invasión física de las instalaciones de una empresa. El objetivo es dar un mayor valor añadido a la seguridad y que esta no sea solo poner un vigilante ocho horas en una puerta”, explica Emilio García Perulles, director nacional de Eulen Seguridad.

Junto a ello, “se requieren cada vez más servicios específicos que cubran las necesidades de los clientes y que confirman la necesaria especialización, valorándose además las sinergias entre productos para que un solo proveedor pueda cubrir varias necesidades”, añaden fuentes de Prosegur.

La otra gran apuesta del sector pasa por explorar nuevos nichos de mercado para expandirse, intensificando la colaboración con la seguridad pública. “Hay opciones y nuevas actividades en las que, con el control adecuado, con carácter complementario y una función preventiva, podemos colaborar sin poner en cuestión el principio básico de que la seguridad está garantizada por el Estado”, argumenta Eduardo Cobas, secretario general de Aproser. Algunas experiencias europeas, asegura, avalan esta vía, como la vigilancia privada de algunas zonas comerciales en Suecia, complementando a los medios públicos; o la seguridad de zonas rurales de Bélgica, en las que cuando se detecta un pico de criminalidad se hace uso de los recursos disuasorios privados.

También en España, el Ministerio del Interior trabaja en un programa piloto que se implementará en 21 prisiones para que intervengan en el control de accesos y la vigilancia perimetral de los recintos, lo que ha despertado los recelos de los sindicatos de funcionarios.

La medida, según fuentes del sector, podría incluirse en la futura nueva Ley de Seguridad Privada que el Ministerio tiene ya avanzada y con la que el departamento de Jorge Fernández Díaz pretende modernizar la normativa y adecuarla a los nuevos tiempos en los que el sector ha experimentado un extraordinario auge, pero que “en absoluto supondrá privatizar la seguridad pública”, rechaza tajantemente el ministro.

Aunque la regulación vigente desde 1992, una de las más restrictivas de Europa, ha permitido en buena medida “que la seguridad privada española se convierta en un modelo de inspiración sobre todo para las reglamentaciones latinoamericanas”, según Aproser, todos los expertos coinciden en que se ha quedado obsoleta y puede suponer un freno. “El escenario no es el mismo, las demandas de la sociedad y las empresas tampoco. Por eso, uno de nuestros reclamos es poder atender servicios que nos demandan nuestros clientes en determinadas calles comerciales, eventos deportivos y espectáculos en espacios públicos”, subraya Velasco.

Intrusismo profesional

Los nuevos segmentos de actividad centrarán la agenda de la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada que esta semana se celebra por primera vez en España y en la que también se abordarán otros problemas del sector, como es el del intrusismo profesional y la competencia desleal, “que, además de perjudicar gravemente a las empresas que cumplen fielmente con la legislación, ha creado una imagen distorsionada del sector, de manera que en ocasiones se ha generalizado injustamente”, advierte García Perulles.

Los empresarios reconocen que algunos casos famosos han podido afectar a la reputación del negocio y demuestran que no solo es necesario cumplir escrupulosamente con la norma sino también adecuar los servicios a los riesgos y los procedimientos de selección a los proveedores.

Para hacer frente a ello “es imprescindible que trabajemos con parámetros objetivos de las empresas, que demuestren que se cumple la normativa administrativa, laboral y tributaria y que no hacemos incurrir a los clientes en más riesgos de los necesarios”, concluyen desde Aproser, que durante la cumbre europea de seguridad presentará su especificación técnica. Bajo la certificación de Aenor, esta garantizará, aseguran, esa diferenciación positiva para todas las empresas asociadas que se sometan a ella.