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Hoy hay más de 200 mil personas dedicadas a este negocio.
Las múltiples actividades del crimen organizado en Centroamérica, una de las regiones más violentas del mundo, ha incrementado la contratación de la seguridad privada, sobre todo en el llamado triángulo norte, donde la fuerza pública se ha visto desbordada. Según cifras recientes de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, en Centroamérica hay más de 200.000 personas dedicadas a este negocio, la mayoría en condiciones de informalidad. En el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la concentración de este tipo de servicios es mayor debido a la incidencia del crimen organizado y de las «maras» o pandillas.
«El triángulo norte es una zona que tiene grandes problemas de seguridad y obviamente tiene el mayor número de agentes privados», dijo a la AFP Omar Garrido, representante para
Centroamérica de Asis, una organización internacional dedicada a la seguridad de las empresas privadas. Garrido estima que la cifra real podría ser de unos 300.000 guardias privados en Centroamérica, de los cuales 200.000 operan en el triángulo norte.
Según datos del sector, el crecimiento de las empresas de seguridad ronda el 8% anual en Centroamérica, una región que posee las tasas de homicidio más altas del planeta, de acuerdo a estudios de la ONU. Honduras, con una tasa de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes es el país sin guerra más peligroso del mundo. Le siguen El Salvador con una tasa de 69 y Guatemala con 39. Según la ONU, la guerra desatada por México contra los cárteles del narcotráfico, ha obligado a estas organizaciones a desplazarse hacia los países del istmo, donde han encontrado un campo abonado por la pobreza, el desempleo juvenil y la corrupción gubernamental.
Rubén Fajardo, consultor en temas de seguridad, asegura que «las autoridades se están enfocando más al crimen organizado, la delincuencia común se nos desborda y ahí es donde la seguridad privada ha tenido un incremento». Fajardo, quien participó esta semana en un foro de expertos que se reunió en Panamá para analizar diversos temas relacionados con lo servicios privados de seguridad, estima que éstos han tenido un «crecimiento enorme» en la región en los últimos 15 años. En Guatemala, los guardias de seguridad cuadruplican en número los 24.000 miembros de la fuerza pública, mientras que en Honduras duplican a los 29.000 agentes de la Policía.
En Costa Rica, con índices más bajos de criminalidad, los guardias privados también duplican en número a los 13.000 efectivos estatales. Secuestros, extorsiones y asaltos a contenedores que transportan mercancías en las carreteras son algunas de las actividades criminales que más preocupan a los empresarios centroamericanos, los grandes usuarios de los servicios de seguridad privada. «Hay más clientes porque hay más movimiento de mercadería y las poblaciones y los riesgos aumentan. Así como se habla de globalización económica, también existe la globalización delictiva y toca a todos los estratos», dijo a la AFP un empresario con actividades en toda Centroamérica, quien prefirió mantener el anonimato.
Según dijo, semanalmente se pierden 14 contenedores en Honduras; 10 en Guatemala y ocho en El Salvador. Sin embargo, la mayoría de guardias privados están mal pagados y carecen de preparación adecuada para enfrentar la delincuencia, lo que en ocasiones lleva a que terminen delinquiendo o sirviendo al narcotráfico. «Si el narcotráfico ha sido capaz de comprar jefes de policía, por qué no va a poder comprar a personas que no tienen ese poder», se pregunta Ernesto Alvarado, presidente de Asis en Panamá.
«Siempre va a existir la tentación», dijo Garrido, para quien al guardia privado hay que pagarle una cantidad «lo suficientemente justa para que no se sienta motivado a cometer un delito». Fajardo va más allá y asegura que «la industria de la seguridad privada ha sido utilizada por el crimen organizado para lavar dinero», aunque -matiza- «ésta no es una regla general».
Fuente :EFE
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Crimen organizado dispara planes de seguridad y autoprotección privada en Centroamérica para las Empresas transnacionales españolas
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El mando único operativo, un general de la Guardia Civil, dirigirá un Centro de Coordinación que centralizará el seguimiento de todas las actuaciones relativas a inmigración irregular en el estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes
Este centro coordinará los recursos humanos y medios materiales de la Administración General del Estado y la rápida transferencia de información para evitar la salida de inmigrantes desde las costas africanas
La figura se crea para optimizar todos los recursos destinados al control de fronteras y atención a personas migrantes en la zona
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de un mando único operativo que coordinará las actuaciones de diversos ministerios para optimizar los recursos destinados al control de la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.
El mando, que será un general de la Guardia Civil, dirigirá un Centro de Coordinación que gestionará las fronteras marítimas en la zona. Centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares.
También coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes.
Asimismo, gestionará las relaciones con todas las entidades e instituciones de la Administración General del Estado con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales. También coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de recepción y acogida de los inmigrantes.
Entre sus competencias estará la de solicitar en caso necesario el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios.
En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, SASEMAR y Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.
La actuación del mando único se basará en la legislación nacional e internacional vigente y en los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento en el mar. Una de sus prioridades será proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los menores no acompañados (MENA).
INCREMENTO DE LLEGADAS DESDE 2013
La fuerte presión migratoria que se ha venido produciendo en España de manera intensa desde el año 2017, que supuso un incremento del 301,2 % sobre las llegadas de 2013 exige la adopción de medidas urgentes para coordinar todas las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado. El dispositivo aprobado hoy es similar al que se creó en 2006 para hacer frente a la llegada masiva de embarcaciones a Canarias.
En estas actuaciones, además del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están involucrados el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
De forma paralela, las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno en los países origen de los flujos migratorios seguirán constituyendo una herramienta básica para hacer frente a la inmigración irregular.
Otras noticias: ‘Nos ven como el país con mayores oportunidades en América Latina’
La canciller María Ángela Holguín destacó también el apoyo global a las negociaciones de paz.La imagen de Colombia ante el mundo es muy buena, al punto de que -según la canciller María Ángela Holguín- el país es visto hoy a nivel global como el que tiene mayores oportunidades en todos los campos
Si algo ha cambiado en los dos últimos años es la imagen de Colombia ante el mundo, al punto de que -según la canciller María Ángela Holguín- el país es visto hoy a nivel global como el que tiene mayores oportunidades en todos los campos. En entrevista con EL TIEMPO, la funcionaria aseguró que al colombiano ya «no le pesa» el pasaporte y resaltó el apoyo mundial al proceso de paz con las Farc.
¿Cuál es su balance tras dos años largos de ser canciller?
Ha sido un balance positivo. En los dos primeros años de Gobierno nos enfocamos en tres temas específicos. El primero era mejorar las relaciones con los vecinos y con la región, cosa que hicimos y en la que vamos bien, aunque hay mucho por donde seguir mejorando. Estamos más integrados a América Latina y con mejor posicionamiento. Estuvimos de secretarios generales de Unasur y tenemos ese mismo cargo en la Asociación de Estados del Caribe.
Lo segundo era cómo ampliar la agenda con países asiáticos y países de Euroasia, donde Colombia nunca había estado.Hemos abierto embajadas en Asia y tenemos una mejor relación. Tenemos TLC con Corea, al igual que cooperación política. Y el tercero fue cambiar la agenda con los países que son socios naturales, como Canadá, Estados Unidos y los europeos, para que habláramos de cosas que fueran más allá y que le sirvieran al desarrollo de Colombia. Hablar no solo de situación de derechos humanos o del conflicto.
¿Esto le significó al Gobierno un viraje muy grande en su agenda internacional?
Fue una decisión política que tomó el presidente Juan Manuel Santos, de acercarse con los vecinos y en el mejoramiento de las relaciones en América Latina. Hemos trabajado para que esa decisión tenga resultados concretos.
¿Qué resultados se han dado?
Asia es el continente con mayor crecimiento y una mayor población. Tenemos TLC con Corea y estamos negociando otro con Japón; las dos son economías importantes que le sirven a Colombia. La necesidad de alimentos es clara, y ahí tenemos una buena oportunidad. A nivel multilateral, que es donde se ve cómo perciben al país, estuvimos dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU y ahora presidimos el Ecosoc (Consejo Económico y Social de la ONU). Esto son demostraciones de confianza en un país, que se dan por los cambios y la apertura que este Gobierno ha logrado.
¿Colombia cambió su imagen ante el mundo?
Sé que a los colombianos les cuesta trabajo verlo -y lástima que no lo puedan ver-, pero afuera la percepción de Colombia es impresionante. Nos ven como el país que tiene mayores oportunidades en este momento en América Latina, a donde puede llegar una mayor inversión. También se cambió esa imagen del colombiano al que le pesa el pasaporte, porque además nos están quitando las visas. Era muy triste lo que vivíamos cuando llegábamos a una emigración y nos veían como si fuéramos un país no bienvenido. Hoy nos ven distinto.
¿Qué significa que el encuentro de países de la Alianza del Pacífico sea en Colombia?
Esta alianza demuestra que tenemos una sociedad dentro de la región con países que, en el tema económico y comercial, nos llevan mucho tiempo abriéndose al Asia, como en los casos de Perú, Chile y México. Esto nos conviene. Entre estos 4 países se quiere que haya un mecanismo de integración comercial, que haya libre circulación de bienes, de personas y de servicios.
¿Qué se va a hacer en el panel de alto nivel que formulará la agenda de desarrollo global posterior al 2015?
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen vigencia hasta el 2015. Sin embargo, existe el interés global de seguir impulsando una agenda común que permita mantener la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo sostenible. Por eso, el año pasado el secretario de Naciones Unidas, Bank Ki-moon, creó un panel de alto nivel del que tengo el honor de hacer parte. Somos 26 personas de los sectores público y privado que trabajamos de la mano con expertos. La idea es delinear acciones puntuales para consolidar la agenda post-2015.
¿Cómo aprovecha Colombia su presencia en ese panel para sacar adelante iniciativas que permitan el desarrollo del país?
Colombia vive un momento realmente especial en el marco de la agenda global. Hemos propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Conferencia de Río+20 y esperamos que estos sean los referentes para la creación de nuevos consensos en la ONU. El embajador Néstor Osorio, de Colombia, preside durante el 2013 el Ecosoc, que es el tercer órgano más importante de Naciones Unidas. Es mucho lo que podemos hacer para ir más allá de los discursos, logrando soluciones reales y de largo plazo a los problemas de desarrollo del mundo. Contribuimos a la formulación de las políticas y a la vez jugamos un papel en los organismos encargados de ejecutarlas.
¿Colombia se convirtió en un líder para la región?
Lo que queremos es trabajar mucho para dejar el discurso que exalta la integración y no llega a cosas concretas. Estoy segura de que si no concretamos para que la gente realmente vea que sí se pueden dar cambios, es muy difícil mantener discursos de integración sin ver resultados.
¿Qué trabajo hace la Cancillería hacia el interior del país?
Desde que comenzó el Gobierno creamos el Plan Fronteras para la Prosperidad como parte fundamental de la integración con los países vecinos. Es difícil lograr una buena integración y una buena relación en las fronteras cuando la calidad de vida de la gente que habita esas regiones es precaria. Somos ahora un ente coordinador con el resto del Estado para que esas comunidades puedan formular y desarrollar los proyectos que les faltan.
Ayudamos a buscar recursos, tanto en el sector privado como con el Estado, y ya hemos logrado mover $ 40.000 millones en ese propósito.
¿Qué expectativa tiene Colombia tras la reelección de Rafael Correa en Ecuador?
La relación con Ecuador va muy bien, es muy positiva. Es el mejor momento de la relación y con resultados. Nos pusimos de acuerdo en obras de infraestructura, en mejorar la calidad de vida de la gente en la frontera y en tener un diálogo abierto y franco. Tenemos muy buena expectativa y trabajamos muy bien con el Gobierno del presidente Correa.
¿La ausencia pública del presidente Hugo Chávez afecta la relación con Venezuela?
No, no lo creo. Tenemos relación con el Gobierno de Venezuela, en cabeza en este momento del vicepresidente Nicolás Maduro y con su canciller, Elías Jaua. Obviamente están en una situación compleja por la salud del presidente Chávez y esperamos que podamos avanzar en seguir fortaleciendo esta relación.
¿Cuál es el trabajo de la Cancillería por los niños afectados por del conflicto?
Colombia está en la lista de niños en el conflicto armado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero es un tema de los grupos armados ilegales que hacen el reclutamiento. Creemos que debemos trabajar en prevención, lo que se ha fortalecido en los municipios en los que, según las estadísticas, tienen mayor reclutamiento de niños. Hemos llevado a niños de estas zonas a que hagan deporte por fuera del país. Por ejemplo, los llevamos, en Jamaica, a la academia de Usain Bolt.
¿En qué municipios se han concentrado?
En varios, tales como Apartadó, Buenaventura, Itsmina, Quibdó, Montes de María y algunos municipios del Cauca, entre otros. En los Juegos Olímpicos de Londres estuvieron 8 niños de Buenaventura y fueron recibidos por varias autoridades. La intención es mostrarles que hay más posibilidades en la vida y que regresen al país a multiplicar su experiencia.
¿Qué papel juega la Cancillería en la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Se encarga de la comunicación entre la Corte y el Estado. Aquí hay un grupo llamado GOI (Grupo Operativo Interinstitucional), en el cual están los expertos que miran los casos y están representados todos los ministerios. También se creó, en 2011, la Agencia de Defensa del Estado para que diera la línea en este campo. En el caso del Palacio de Justicia, la nota de la Corte llegó en abril y se le comunicó a la Agencia para que nombrara un agente en ese caso. Hasta ahí va nuestra responsabilidad, porque no damos la línea ni nombramos al agente.
¿La defensa de Colombia ante tribunales internacionales es efectiva?
La creación de la Agencia era mejorar esa defensa. Esperamos que cuando la Agencia esté operando completamente, porque ha tenido problemas de presupuesto y de logística, la defensa del país mejore sustancialmente.
¿Canciller por cuánto tiempo más?
Por lo que quiera el presidente Santos.
Sobre el apoyo internacional a los diálogos con las Farc
¿Qué ambiente tiene en el mundo el proceso de paz?
Apoyo total al Gobierno y a su iniciativa. Hay un acompañamiento y una solidaridad del mundo entero en este tema.
‘No quiero generar expectativa con los recursos ante La Haya’
¿Qué va a pasar con el tema del fallo de La Haya?
Ese fallo es de difícil implementación. Vamos a hacer respetar los derechos de raizales y pescadores.
¿Hay esperanza frente a los recursos jurídicos?
No quiero generar ninguna expectativa, porque esto ha sido muy duro para el país.
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El Ministerio del Interior mantiene el nivel 4 reforzado de la alerta antiterrorista. La Mesa de Evaluación de la amenaza terrorista, que se reúne todas las semanas, acordó en su último encuentro, celebrado el pasado jueves 2 de agosto, mantener el nivel 4 reforzado.
La decisión de mantener el nivel 4 reforzado se adoptó a propuesta de los expertos en la lucha antiterrorista, con el refrendo de los responsables del Ministerio, a tenor de la situación del terrorismo yihadista en Europa.
Este nivel de alerta se mantiene inalterado desde junio de 2015 y ni ha sido rebajado, ni se ha producido ninguna propuesta en este sentido, en contra de la información publicada hoy por el diario El Mundo, que es falsa y carente de la exigible labor de verificación periodística.
Otras noicias:La península de La Guajira al norte de Colombia con vientos que soplan casi todo el año a un promedio de 9,8 metros por segundo son el potencial energético del Parque Eólico Wayúu, base de un proyecto de desarrollo rural para 5.000 familias indígenas.
BOGOTA, nov (IPS) – En la parte alta de la península de La Guajira, al norte de Colombia, vientos que soplan casi todo el año a un promedio de 9,8 metros por segundo son el potencial energético del Parque Eólico Wayúu, base de un proyecto de desarrollo rural para 5.000 familias indígenas.
En ese proyecto, que se encuentra en su primera fase, convergen dos empresas privadas, un resguardo (jurisdicción) indígena y las municipalidades de Uribia y Manaure, que constituyeron la sociedad prestadora de servicios públicos Wayúu ESP.
Los wayúu son los pobladores ancestrales de esa parte del país, y su sociedad se caracteriza porque la filiación se registra por línea materna. El comercio, la pesca y la ganadería caprina son sus principales actividades.
De los habitantes del departamento de La Guajira, 64 por ciento tienen necesidades básicas insatisfechas, y el municipio de Uribia es el que está peor, con 95 por ciento de su población en esa situación, según el Estudio de Miseria en Colombia, del estatal Departamento Nacional de Planeación.
El parque eólico Wayúu se construirá en una zona intermedia entre el Cabo de La Vela y Puerto Bolívar, donde los vientos alisios del noreste tienen mayor fuerza. Se prevé instalar de 15 a 30 torres de aproximadamente 60 metros de altura, con aspas cuyos brazos tendrán de 20 a 30 metros.
La capacidad de generación será 20 megavatios, máximo permitido por la legislación colombiana para que centrales de energía alternativa entren al mercado regulado de la bolsa nacional energética, que atiende el sistema interconectado nacional.
Las características técnicas del parque Wayúu son similares a las del también parque eólico de Jepirachi, construido por empresas públicas de Medellín con tecnología de Alemania y apoyo de la agencia de cooperación GTZ de ese país, cuya entrada en operación se prevé para inicios del año próximo.
A diferencia del Jepirachi, que también comercializará su producción en la bolsa nacional energética, el parque Wayúu deberá reinvertir 50 por ciento de sus utilidades en la instalación de infraestructura de servicios básicos de energía, agua potable, alcantarillado, y telefonía para el desarrollo rural de la región.
Esa es una de las razones por las que el proyecto accedió a recursos de los programas de Cooperación Económica y de Transacciones de Exportación Relevantes para el Desarrollo de Holanda.
Esos programas aportarán el equivalente a 30 por ciento del costo total del proyecto, tasado en 22 millones de euros, a condición de que por lo menos 60 por ciento de la tecnología del parque eólico sea holandesa, y existan garantías de cofinanciación nacional o multilateral.
”El parque eólico de La Guajira es un ejemplo muy claro” del tipo de iniciativas que apoya la cooperación holandesa, dijo a IPS Sylvia van Uden, encargada de asuntos económicos y comerciales de la embajada de Holanda en Colombia.
Jorge Ibarra, representante del resguardo Wayúu, dijo a IPS que desde 2000, cuando comenzaron a formar parte de la sociedad prestadora de servicios, ”hay expectativas de una mejor vida en las rancherías de la Alta Guajira”.
El resguardo abarca 90 por ciento de la parte rural del municipio de Manaure, en la que habitan unas 35.000 personas en 800 rancherías, que son grupos de cinco a 10 viviendas precarias en medio del desierto, explicó Ibarra.
Esas personas están organizadas en 40 asociaciones de autoridades tradicionales, indicó.
La Guajira, en la parte más septentrional del país, está dividida en las regiones Alta (de clima semidesértico), Media y Baja. El proyecto atenderá las zonas Alta y Media
El déficit de servicios básicos en la zona de influencia del proyecto es uno de los más altos de todo el país. Para una demanda de casi 3,5 millones de metros cúbicos de agua potable, la oferta no llega a un millón, y para una demanda energética de más de 35 millones de kilovatios, la oferta es no llega a 5,5 millones.
”El agua potable es vital”, porque en la región hay una gran incidencia de enfermedades asociadas con la falta de este servicio, destacó Ibarra.
El representante del resguardo expresó su esperanza de que la llegada de energía a las rancherías permita a las familias indígenas refrigerar y conservar alimentos, mejorar su dieta y establecer empresas de comercialización de pescado y productos agrícolas que se podrían obtener si hay riego para los suelos.
En la actualidad, la población de los cascos urbanos de Manaure y Uribia se suple de agua tratada en plantas desalinizadoras, y los habitantes de las rancherías de la recolectada, en pozos mediante molinos de viento, y en jagueyes donde se acopia la escasa de origen pluvial.
La temporada de lluvias en la zona abarca octubre y noviembre, en mayo y agosto hay escasas precipitaciones pluviales, y el resto del año sequía.
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Según la Organización Latinoamericana de Energía, en Colombia hay 8 millones de personas sin acceso o con acceso muy precario a servicios de energía y agua potable.
La venta de energía al sistema interconectado nacional permitirá instalar infraestructura de servicios domiciliarios en las rancherías, bajo la modalidad de ”soluciones individuales, dadas la dispersión de los asentamientos”, explicó a IPS Fernando Gutiérrez, de Acuaire, la empresa que diseñó el proyecto.
Acuaire ya ha instalado soluciones individuales de energía eólica en inmediaciones de Riohacha, la capital departamental, y en otras partes de la costa del mar Caribe, en la occidental costa del océano Pacífico y en la zona central de la cordillera andina, pero éste es su primer proyecto de alcance regional.
En Wayúu ESP también participa la empresa Estrategias y Desarrollos, especializada en energía y medio ambiente.
Según Gutiérrez, el estatal Instituto de Hidrología y Meteorología tiene interés en asociarse con el proyecto, y se espera concretar un contrato de venta de energía a una institución gubernamental.
Si se comparan los 20 megavatios previstos del parque eólico con la capacidad instalada nacional de 13.000 megavatios, ”el proyecto es pequeño, pero la significación e implicaciones para la comunidad son inmensas”, afirmó.
Costa Rica es el mayor productor de energía proveniente del viento en América Latina, con 66 megavatios de potencia instalada a partir de tres parques privados y uno público, mientras Brasil cuenta con 20 megavatios instalados y Argentina con 14, según un estudio de la no gubernamental Red de usuarios de Biomasa de Centroamérica (BUN-CA, por sus siglas en inglés).
Los beneficiarios en Colombia serán los habitantes de ”más de 5.000 rancherías aisladas en la Alta y Media Guajira y de unas 45 comunidades de mayor tamaño con entre 20 y 200 usuarios como Nazaret, Puerto Estrella y Taroa, donde se instalarán redes de distribución local y, eventualmente, pequeños acueductos, siempre con base en tecnologías apropiadas”, acotó el representante de Acuaire.
En Colombia, 60 por ciento de los 40 millones de habitantes vive en zonas no conectadas a la red energética nacional, y el país ya está maduro para emplear fuentes de energía alternativas a la petrolera y la hidroeléctrica, ambas con implicaciones de deterioro ambiental, sostuvo.
La conexión a la red significa continuidad del servicio y menor costo. En Bogotá, un kilovatio/hora de energía diesel cuesta 30 veces menos que en muchas regiones de las cuencas del Orinoco y el Amazonas, y las costas del Pacífico y el Caribe, alegó Gutiérrez.
Los responsables del proyecto prevén que comenzará a operar a mediados de 2005, pero Wayúu ESP ya realiza trabajos pedagógicos con la comunidad a partir de instalaciones experimentales en varias rancherías.
Esa es una forma de superar el principal escollo que afrontan las empresas de servicios públicos en regiones apartadas, por no consultar a las comunidades de usuarios sobre sus necesidades ni reinviertir en el desarrollo local, dijo Gutiérrez. (FIN/2003)
