Blog de noticias de actualidad de seguridad privada organizativa y pública, dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo d amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas; tales como la creación, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad o la elaboración y aplicación de todo tipo de planes de seguridad, así como cualesquiera otras de similar naturaleza que puedan adoptar.
El Código de buenas prácticas del sector seguridad privada #Generalitat #Catalunya #SindicdeGreuges
LA SEGURIDAD
PRIVADA EN
CATALUÑA Y LAS
BUENAS
PRÁCTICAS
Resolución INT/671/2017, de 27 de marzo, por la que se da publicidad al Código de buenas prácticas en seguridad privada (DOGC de 31 de marzo de 2017). Texto completo.Propuestas genéricas de la UCSP de la Policia Nacional de modificación de la normativa de seguridad privada, para evitar situaciones de intrusismo profesional como consecuencia de subrogaciones de servicios seguridad.
Muy interesante en mi opinión leer el nuevo informe sobre la seguridad privada en Cataluña y el Codigo de las buenas prácticas del sector de la seguridad privada realizado por parte del Síndic de Greuges.
Otras noticias :La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al tráfico internacional de hachís y cocaína
14 / 08 / 2012 MADRID
Operaban en todo el territorio nacional, así como en Francia, Italia, Alemania y Holanda
La operación, que se ha desarrollado en varias fases, ha culminado con la detención de 30 personas y la intervención de 1.138 kilos de hachís, 2 kilos de cocaína, 7.845 euros y 10 vehículos
El líder estaba afincado en Barcelona, si bien la actividad distributiva y la logística se desarrollaba en Santander
Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de hachís y cocaína. La operación, denominada “Casablanca”, ha sido desarrollada en varias fases y ha culminado con la detención de 30 personas. Además se han intervenido 1.138 kilos de hachís, 2 kilos de cocaína, 7.845 euros y 10 vehículos. La banda operaba en todo el territorio nacional, así como en Francia, Italia, Alemania y Holanda. El líder de este grupo estaba afincado en Barcelona, si bien la actividad distributiva y la logística se desarrollaba en Santander.
Las investigaciones se iniciaron durante el mes de octubre del pasado año, desarrollándose varias actuaciones policiales a lo largo del presente año en Algeciras y San Roque (Cadiz), Santander y Boo de Guarnizo (Cantabria), Valdepeñas (Ciudad Real), así como en Bellusco (Italia), localidad cercana a Milán.
Droga procedente de Marruecos
Esta organización criminal introducía importantes cantidades de hachís en España procedente de Marruecos mediante balsas neumáticas popularmente conocidas como “gomas”. Descargaban la droga, que venía distribuida en fardos de unos 30 kilos cada uno, en las playas de Cádiz y posteriormente la alijaban en lugares estratégicos de la provincia gaditana.
A partir de este momento los miembros de la organización afincados en la ciudad condal se desplazaban al sur de España y trasladaban la droga hasta la provincia de Barcelona. Una vez allí, el estupefaciente era almacenado en zulos para su posterior distribución al resto del territorio nacional -entre los que se encontraba Cantabria- así como en diversos países de Europa, como Italia, Alemania, Francia y Holanda.
Para el transporte internacional de la droga utilizaban camiones procedentes de Cantabria, que utilizaban rutas comerciales para transportar el hachís y la cocaína a los países europeos. La organización estaba dirigida por un ciudadano de origen magrebí con iniciales A.E.H., de 43 años de edad, afincado en Barcelona, que era el responsable de la recepción, transporte, almacenaje y distribución de la droga. Mientras, la actividad logística de todos estos cometidos se encontraba radicada en Cantabria y controlada por dos compatriotas. La red estaba perfectamente estructurada con funciones específicas para cada miembro del grupo y disponía de una importante infraestructura logística.
Intervenidos 250 kilos de hachís en Valdepeñas
La última intervención policial se llevó a cabo el pasado 9 de agosto en Valdepeñas (Ciudad Real), cuando los investigadores procedieron a la detención de tresindividuos. Transportaban en un vehículo nueve fardos de arpillera que contenían aproximadamente 250 Kilogramos de hachís distribuidos en planchas y en “bellotas”. Estas últimas con mayor contenido de THC (tetrahidrocannabinol) que es la sustancia psicoactiva que se encuentra en los derivados del cannabis. Posteriormente en Santander se detuvo a otros dos individuos más.
La operación, de la que no se descartan más detenciones, ha sido desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial y la Comisaría Local de Torrelavega -Jefatura Superior de Cantabria- contando con la participación y colaboración del Grupo XIII de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo I de la UDYCO de la Comisaría de Algeciras (Cadiz); así como funcionarios de la policía italiana en su intervención llevada a cabo en Bellusco.
La Guardia Urbana de Barcelona http://www.siseguridad.biz/2017/09/nu… y un grupo de estas personas «manteros» se han enfrentado el pasado 30 de Agosto en el acceso a la estación de metro de la Linea I de plaza de Cataluña, donde los vendedores ambulantes ilegales han acabado saltando por los puntos de control, mientras algunos agentes hacían uso de sus porras. Los hechos han ocurrido hacia las 15.25 horas del pasado treinta de Agosto cuando, según la empresa TMB, un mantero se ha intentado colar en la estación de Plza. Cataluña del metro de Barcelona enlace de las lineas 3 i 1 , momento en el que ha sido sorprendido por un vigilante de seguridad habilitado, que le ha recriminado que intentara acceder a la estación sin pagar, por el vestíbulo de la línea 3 de plaza de Cataluña.
Según TMB, el vendedor ambulante se ha enfrentado entonces al vigilante de seguridad privada habilitado de la empresa Prosegur, por lo que algunos usuarios han avisado a una patrulla de la Guardia Urbana de #Barcelona, que se encontraba en el vestíbulo de la estación. El mantero ha utilizado entonces su teléfono móvil, supuestamente para avisar a sus colegas, ya que rápidamente han llegado a la estación un grupo de vendedores ambulantes, ante lo que se ha producido un nuevo enfrentamiento, en este caso entre una decena de vendedores ambulantes y otra decena de agentes de la Urbana. Algunos de los urbanos, que iban con casco, han utilizado sus porras durante el enfrentamiento con los manteros, que caminaban hacia atrás y finalmente han optado por saltar las puertas de acceso al metro, mientras algunos de ellos intentaba agredir a los policías. Una vez dentro de la zona de metro, los manteros se han dirigido por el andén de la L-3 y posteriormente por los pasillos de transbordo hacia la salida de la línea 1 en la Ronda de Sant Pere, donde han salido a la calle, según TMB.. Noticias relevantes con el post. Uno de los capítulos más graves del conflicto que desde hace años mantienen vendedores ambulantes y agentes de la Guardia Urbana en Barcelona se ha saldado con una condena no menos contundente. Sidil M. una persona que se dedica a la venta ambulante ilegal #mantero que fue grabado en mayo de 2016 mientras golpeaba con una rama en la cabeza de un policía guardia urbano, deberá cumplir cinco años de prisión por la agresión. Como medida alternativa, la juez también dicta una opción de profundidad: la salida de territorio español y regreso a Senegal.
“Pasaba el miércoles, 13 de junio. Un nuevo control de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) se realizaba en la Plaza Cataluña. Los manteros los estaban esperando. Un mantero caía al suelo tras tropezar en su huida. La Guardia Urbana de Barcelona GUB llamó a una ambulancia mientras lo protegía. El colectivo ‘Tras la Manta’ se apresuró a indicar que había sido la Policía quien había agredido al hombre y que la ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Nada más lejos de la realidad. Luego han tenido que rectificar.
La Guardia Urbana de Barcelona #GUB llamó a la ambulancia, que llegó 20 minutos después -como en cualquier otro caso en la ciudad de Barcelona- mientras recibía insultos y ataques frontales de los manteros. “Violencia 0” por parte de la Urbana. El colectivo de manteros estaba preparado. Llevaban a un abogado y, para recoger imágenes, a algún periodista, que se identificó verbalmente como miembro de SOS Racismo. Tuvieron que montar un cordón policial para el apoyo de los compañeros de la Guardia Urbana de Barcelona GUB y poder evacuarlos y para proteger al propio mantero tirado en el suelo.
Un cabo del dispositivo se acercó al mantero que estaba en el suelo para socorrerle,
interesándose por el estado del mismo y este, que estaba supuestamente inconsciente, se revolvió y le propinó un puñetazo en la boca. No le rompió los dientes gracias al
protector-pantalla que lleva el casco.
Ya pasó hace un mes en otro operativo en la calle Juan de Borbón. Un mantero se caía. La Guardia Urbana de Barcelona #GUB tuvo que cortar el tráfico durante más de una hora porque no quería que se le ayudara ni se le levantara de la calzada, con lo cual impedía la circulación. Ello obligó a que la unidad antidisturbios tuviera que intervenir por la cantidad de manteros que vinieron a increpar e intentar agredir a la Policía”.
Desde la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Barcelona denuncian que los manteros “viven en total impunidad”. “Saben que están protegidos y te reciben con piedras y te increpan porque saben que no podemos hacer nada. Buscan una respuesta agresiva de la Policía pero no la consiguen. Saben de leyes más que nosotros y están muy bien asesorados. Lo primero que hacen cuando te ven es tirarse al suelo para luego decir que les hemos agredido. El respeto a la autoridad, por parte de este colectivo, no existe. Son cada vez más agresivos y no acatan las leyes. Se revuelven incluso contra los propios ciudadanos. Cuando llegas te están esperando para montar un circo mediático y quedar como los perjudicados”, relatan.
“Comprobamos cómo habitualmente este movimiento de manteros pretende crear una situación de choque con la Policía y la Guardia Urbana de Barcelona para quedar ellos como víctimas y atraer la atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos y coaccionar a la clase política para que los apoyen como ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona. Ya es habitual. Es lo que tenemos que vivir gracias a la permisividad, por mucho tiempo, del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora es un tema de difícil solución pero hay que buscar una vía. Los comerciantes de la ciudad de Barcelona se quejan continuamente. Ellos pagan sus impuestos mientras ven cómo su negocio se va al traste por la venta ilegal y los manteros ya tienen su estrategia más que estudiada”, lamentan
Otras noticias: LLUÍS JIMÉNEZ ARREBOLA, PRESIDENTE DEL 2º CONGRESO PROFESIONAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD
“El director de seguridad es el eje vertebrador de la seguridad privada”
“Con un alto nivel humano y cualitativo en las ponencias, el 2º Congreso, como línea de continuidad del anterior, marcará un antes y un después de la presente edición”
Lluís Jiménez es doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona; su especialidad es la Sociología de la Seguridad. También es Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, por la Universidad de Barcelona y actualmente preside la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI).
– En su calidad de presidente del II Congreso Profesional de Directores de Seguridad, nos gustaría conocer su opinión sobre la importancia de este evento.
En el año 2005, la celebración del I congreso abrió una puerta de esperanza para el futuro profesional de los directores de seguridad. Con ello quiero hacer referencia a dos cuestiones básicas: por una parte, a la tan ansiada actualización del marco jurídico de la seguridad privada y, por otra, a la adaptación de las funciones del director de seguridad a la nueva realidad social que vive el mundo occidental en el presente siglo.
Pero tampoco quisiera centrar el contenido de esta entrevista en lo que parece sean aspiraciones de los directores de seguridad. Quiero matizar que nuestra actividad laboral viene marcada por el carácter directivo de nuestra función. Este hecho precisamente nos condiciona en tanto y en cuanto debemos estar presentes en el proceso de toma de decisiones estratégicas que efectúe nuestra organización en cuanto a seguridad. Además, el director de seguridad es el garante de una parte importante de los intereses de un sinfín de organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas, tanto en su calidad de proveedoras, como de usuarias de seguridad, e incluso condiciona la propia formación en materia de seguridad.
Con lo anterior, quiero decir que el director de seguridad es el eje vertebrador de la seguridad privada, y debe ser tratado como tal por parte de todos los actores implicados. Sin embargo, el círculo no se cerrará si los directores de seguridad no somos capaces de hacer llegar el mensaje adecuado que nos haga ganar estatus y con ello capacidad de influencia en nuestras propias organizaciones. Además, nuestro trabajo también influye en buena medida en la seguridad pública, es decir, una correcta política de seguridad a nivel nacional debe contar necesariamente con la participación de la seguridad privada y son los directivos en seguridad los más indicados para ello.
– ¿Cuál van a ser las prioridades de la organización del congreso?
El lema escogido: “Nuevos retos, nueva ley” pretende aglutinar este sentimiento del que hago mención en la pregunta anterior, y nuestro cometido consiste en conseguir un alto nivel humano y cualitativo en las ponencias, debatiendo los temas que más preocupan al sector. Si somos capaces de conseguir seleccionar perfectamente estos temas, nuestro objetivo de que este II congreso, como línea de continuidad del anterior, marque un antes y un después de la presente edición, estará conseguido.
Los nuevos retos del director de seguridad son amplísimos, tanto en cuanto a las funciones del directivo, como a la forma de enfocar la naturaleza de su actividad. Vivimos en un momento de tremenda exigencia laboral y el director de seguridad debe estar a la altura de la exigencia de las organizaciones de hoy día. No sólo en cuanto a la forma de realizar su trabajo, sino a dotarse de nuevos nichos laborales y ser capaz de gestionarlos.
– Háblenos más de este último tema.
Es evidente que el comportamiento de la demanda en materia de seguridad está viviendo un crecimiento en todos los órdenes. La respuesta desde el mundo de la seguridad privada en ciertos casos está condicionada por el margen normativo, ya que éste no ha variado desde hace unos años, y por la costumbre imperante en el sector. Sin embargo, en la actualidad, el director de seguridad que percibe estos cambios sociales intenta adaptar su actividad a esta nueva realidad, y lo está haciendo, pero tiene un doble handicap. El primero viene de lo que ha representado la propia esencia de su trabajo, y cuando un sector laboral pretende abarcar nuevos retos y un nuevo futuro, ello no es fácil. El segundo viene condicionado porque el R. D. 2364/94 condicionó sus funciones, las funciones de su departamento, un tipo de organizaciones en las cuales debería figurar de forma obligatoria, es decir, su propia capacidad de crecer.
Siendo una profesión regulada, lo que pretendemos es que el director de seguridad esté presente cada día más en la empresa privada y en la propia Administración Pública, todo ello con un objetivo multidimensional muy claro: mejorar de la seguridad de las organizaciones, lo que revierte en aspecto tangibles e intangibles muy claros (mayor seguridad en sus instalaciones y calidad en su forma de producción es igual a mayor demanda). Por otra parte, la mejora de la seguridad pública (nuestra contribución es necesaria) contribuye a una mejor calidad de vida en nuestra sociedad.
– ¿Qué opina del papel de la Administración?
La Administración debe reaccionar, el marco jurídico actual no resiste más, son tantos los aspectos normativos que hay que corregir para mejorar el sector que desde la seguridad privada entendemos que una mayor dilatación del plazo para cambiar la norma, redundaría en perjuicio del sector y de la sociedad en sí misma.
Es por ello, que en este II congreso va a surgir con fuerza una petición para que la Administración dé los pasos necesarios para este ansiado cambio normativo que, estamos seguros, son conscientes de su necesidad. Esta demanda de reacción de la Administración ante el conjunto de las cuestiones que se van planteando, se manifestó ya en el I congreso y, como es lógico, después de dos años no admite más dilaciones.
– ¿Qué aspectos se deben mejorar sobre la figura del director de seguridad?
En relación a la figura del director de seguridad cabe reseñar que las modificaciones que se aborden deberán permitir la ampliación de los supuestos registrados ahora en el art. 96.2 de existencia obligatoria del director de seguridad, que hoy es muy limitado y confuso. Con una identificación formativa adecuada con control de los contenidos, ya que hoy están distantes de la necesidad real, lo que deberá llevar a la creación de una especialización universitaria, hecho que certificaría de forma definitiva un reconocimiento social de la actividad del director de seguridad.
La figura del director de seguridad es esencial en el contexto de la seguridad privada en nuestro país. La evolución que defina contribuirá de forma determinante en el futuro de la seguridad privada. En este sentido debo ser optimista y recordarle como era el perfil medio del director de seguridad hace pocos años, cuál era su formación, su procedencia y cómo se están manifestando en la actualidad unos cambios en ese perfil. Cambios que se perciben en las entrevistas que, por ejemplo, su publicación muestra. Esto debe de alentarnos a todos. Esta misma idea la he venido repitiendo desde que me incorporé profesionalmente a este sector y hoy, más que nunca, tiene especial vigencia.
Si seguimos con el recorrido por las cuestiones fundamentales que deben incidir en la consolidación de esta mejora de la figura del director de seguridad, diremos que una parte importante de esa mejora se deberá a un proceso formativo completo que ya hemos comentado. También deberá encontrar un reconocimiento en el entorno de la empresa en el que desarrolle su trabajo, incorporándose a esa cultura que se desenvuelve en el espacio de la empresa, accediendo a ese espacio de relación y de convivencia. La fórmula más idónea es haciendo efectivos los mismos valores, los mismos objetivos, utilizando el mismo lenguaje. Esa incorporación no debe diluir su propio perfil de figura especializada, explícitamente profesionalizado, que es su propia cultura.
En esta expectativa se ha de desenvolver el trabajo del director de seguridad, aunque el paisaje legal sea el que es y la figura del director se vea desde la organización de la empresa de forma débil. Mejorará en la medida que mejore su capacidad organizativa y ejecutiva, y sepa hacer frente a las contingencias que se presenten. Pero sobre todo, como he comentado en algún momento de esta entrevista, es necesario que el director de seguridad ocupe nuevas responsabilidades gestoras en su organización y que la normativa le ampare, ampliando el arco de empresas y organizaciones donde esta figura sea obligatoria.
– Según usted, ¿qué otros aspectos se pueden y se deben mejorar?
Contemplando la necesaria modificación de la legislación actual se ha de permitir que los ámbitos de trabajo de los servicios de seguridad privada no sean restrictivos sino complementarios con los que pueda ofrecer la seguridad pública, permitiendo a su vez la adecuación a la realidad social del sistema de seguridad existente. También en este camino debe ir la orientación normativa.
La redefinición de las funciones y atribuciones para los servicios de seguridad, incluyendo la necesaria consideración para los miembros de la seguridad privada del carácter de agentes de la autoridad. El desarrollo de su carrera profesional, con una mejor formación y con la asignación del carácter de agentes de la autoridad. Que los servicios de seguridad se establezcan a través del director de seguridad y que se definan diferentes escalas dentro de la dirección de seguridad, según la magnitud del servicio.
El sector de la seguridad privada adolece de un grave problema de carencia de personal. Factores extrínsecos como la mejora de la situación general de la economía y la consiguiente disminución de los niveles de desempleo, y factores intrínsecos a nuestro sector han ocasionado esta situación. Según algunas fuentes, se estima en más 21.000 el número de personas que podrían incorporarse al sector. Si este cambio se consigue llevar a cabo, no sólo se cubrirían las expectativas sociales de la demanda, sino que mejoraría la calidad de los trabajadores. También creo que debiera sustituirse el actual proceso de habilitación por un procedimiento de potenciación y control de los centros de formación homologados. Alternativamente, de no considerarse esta opción por el legislador, debiera en todo caso modificarse el sistema de pruebas teóricas y prácticas, bien eliminando determinadas pruebas físicas, bien introduciendo una valoración no eliminatoria de las mismas.
Una cuestión interesante es el caso de Holanda, donde se regula la figura del vigilante en prácticas durante un período máximo de seis meses. Se trataría de una habilitación provisional durante un período de tiempo limitado que permitiría garantizar la permanencia en el sector de aquellos candidatos que han superado el proceso de formación previa.
Es preciso reformar el proceso de acceso a la profesión de vigilante, pieza básica en el esquema de la seguridad privada. Aunque deben valorarse positivamente los esfuerzos realizados por la Dirección de la Policía, en cuanto al incremento del número de exámenes, los candidatos que acceden a las empresas deben esperar más de seis meses hasta que pueden desempeñar las funciones de vigilante de seguridad, por lo que acaban abandonando nuestro sector.
En cuanto al tema del personal, finalmente se debe afrontar la reforma legal que permitiera que los nacionales no comunitarios accedan a la profesión de vigilantes de seguridad, con los oportunos controles que se establezcan en cuanto a idoneidad y formación.
Los directores de seguridad entendemos que las funciones que la sociedad y las propias Administraciones Públicas desean asignar a las empresas y trabajadores del sector de seguridad privada se han modificado significativamente, a causa del entorno social cambiante, desde el momento de la aprobación de la Ley 23/1992. Por ejemplo, en países como Suecia la posibilidad de que agentes de seguridad privada puedan realizar rondas en zonas comerciales supone una clara mejora de la seguridad ciudadana, sin por ello interferir indebidamente en los derechos de los ciudadanos. En países de origen anglosajón, las empresas de seguridad desempeñan funciones como el control de las prisiones. En países como Alemania, las empresas de seguridad cuidan del tráfico.
En cuanto a las empresas de sistemas de seguridad, es necesario de una vez por todas acabar con el intrusismo en la profesión. Debe existir una especie de norma asociada a toda instalación que los propietarios de la misma deban poseer. A partir de este momento, conseguiremos acabar con prácticas intrusistas.
También es necesario suavizar la rigidez con que la norma trata a determinados colectivos, como por ejemplo el de las entidades financieras, hay que pensar que éstas son las que mayor interés tienen en poseer las mejores condiciones de seguridad. Es por ello que deben tener mucha más autonomía a la hora de mejorar y modificar sus sistemas de seguridad.
Como conclusión, quiero hacer hincapié en el lema de nuestro congreso, “nuevos retos, nueva Ley”, que para nosotros significa una brisa de esperanza para la mejora integral del sector de la seguridad donde entendemos que nuestro papel deber ser cada vez más importante.
España culmina hoy un nuevo traslado de presos de nacionalidad española que cumplen condena en prisiones peruanas a los que se suma un grupo de ciudadanos españoles que se encuentran en una grave situación humanitaria, muchos de ellos, tras su salida de prisión.
En total, el avión traslada desde Lima a Madrid un grupo de 67 personas: 31 ciudadanos españoles que cumplen condena actualmente, 5 cuya pena ha sido conmutada y otros 31 españoles, en su gran mayoría ex detenidos, que se encuentran en una situación precaria. Los pasajeros han estado acompañados en todo momento por efectivos de la Policía Nacional y personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El vuelo, fletado por el Ministerio del Interior (CGEF), ha contado con la colaboración de Interpol.
Con este vuelo se da continuidad a los dos anteriores llevados a cabo en marzo y septiembre de 2017 en los que, en conjunto, se trasladó a ciento quince ciudadanos españoles que cumplían condena en prisiones peruanas o acababan de cumplir sus condenas en Perú.
Una vez más, esta operación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el Ministerio de Justicia peruano, fruto de las excelentes relaciones existentes entre la República del Perú y el Reino de España y se enmarca en la aplicación del Convenio de Traslado de Personas Condenadas existente entre ambos países.
Asimismo, la estrecha y efectiva colaboración de los ministerios de Justicia e Interior con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación ha sido esencial para la organización de este nuevo traslado.
Estos traslados, junto con la aplicación de beneficios penitenciarios, han logrado un notable descenso de la cifra de ciudadanos españoles presos en Perú hasta situarla en setenta y siete personas.
El número de detenidos españoles en todo el mundo a 31 de mayo es de 1033, de los que 919 son hombres y 114 mujeres. Todos ellos reciben asistencia consular permanente y continuada en los centros penitenciarios donde cumplen condena y sus casos reciben el seguimiento oportuno por parte del MAEUEC que, especialmente a través de las Oficinas Consulares, realiza labores de contacto y apoyo a sus familiares.
Otras noticias: Policia Nacional desarrolla con 150 detenidos en una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro
Los arrestos se han producido en Barcelona, Tarragona, Girona y Jaén
Se trata de una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador
Uno de los testaferros era en realidad un repartidor de pizzas
Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Barcelona, Tarragona, Girona y Jaén una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro y del subsidio por desempleo.
150 personas han sido detenidas y otras 277 imputadas por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 a 500 euros.
Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.
Los periodos de trabajo ficticio han permitido a más de 400 personas -en su mayoría de origen marroquí y asentados en Cataluña- regularizar su situación en España, así como percibir 2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal.
La trama cobraba entre 300 a 500 euros por una falsa alta como trabajador
El grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000 en base a esa supuesta actividad laboral.
Igualmente, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en España.
La Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó a mediados de 2011 la existencia de una serie de empresas, con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y aparentemente sin una actividad laboral real.
Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.
En la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros procedentes de sectores marginales y de exclusión social. El objetivo consistía en ocultar la verdadera identidad de los responsables, así como la localización de las empresas y en definitiva eludir las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo.