– ¿Cuáles son los objetivos y prioridades que se ha marcado para la Dirección General de la Guardia Civil?

Como usted bien sabe, como Cuerpo de Seguridad del Estado, la Guardia Civil tiene la misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Este es el fin en el que se centran todos nuestros esfuerzos, procurando además hacerlo con la máxima eficiencia y situando permanentemente al ciudadano en el centro de nuestra actuación.

Además, la Guardia Civil juega un papel de vertebración estatal, que supone una prioridad y, sobre todo, un referente institucional.

– La sociedad española está expuesta a múltiples amenazas, que han evolucionado con los años (terrorismo internacional, ‘cibercrimen’, etc.). ¿Cuáles cree que son los principales peligros a los que tendrá que hacer frente el Estado en materia de seguridad?

Vivimos en la era de la globalización: las barreras se difuminan, las distancias se minimizan, las amenazas se internacionalizan y lo que pasa en otros países, próximos y no tan próximos, nos repercuten directamente.

No pretendo hacer un elenco de todas las amenazas que acechan a nuestro país, pero sí citaré alguna de ellas. Evidentemente, el terrorismo sigue constituyendo, hoy en día, la principal amenaza a nuestro Estado de Derecho, tanto en su vertiente nacional como en la internacional. La declaración de cese de actividades por parte de ETA no nos hace bajar la guardia a las instituciones garantes del libre ejercicio de derechos y libertades hasta que se produzca la desaparición total, con la entrega de las armas, de la banda terrorista. Por otra parte, el terrorismo yihadistainternacional constituye una amenaza para la libre convivencia en todos los países del mundo. España ha sufrido duramente los dos, somos conscientes del dolor que producen y estamos trabajando en todos los frentes para evitar que se repitan este tipo de sucesos.

Dentro de las amenazas, hay que citar también el crimen organizado, en diversas configuraciones: el tráfico de seres humanos, el narcotráfico o el ‘cibercrimen’, son algunas de las formas en las que las grandes organizaciones criminales internacionales desarrollan su actividad ilícita.

También tiene cabida en esta rápida visión de riesgos y amenazas la inmigración ilegal, con el problema humanitario que genera en determinadas situaciones críticas. Si bien es cierto que en la actualidad los niveles han disminuido con respecto a los de hace cuatro años, sustancialmente en la generada por vía marítima, no es menos cierto que este descenso se ha producido en gran medida por la actuación adelantada de los resortes del Estado involucrados en los países de origen y de tránsito.

– ¿Cómo valora la actual Estrategia Española de Seguridad? ¿Qué aspectos considera que deberían ser objeto de cambio?

Una Estrategia Nacional de Seguridad se debe sustentar en una dimensión política lo más amplia posible y en la que el consenso sea un elemento aglutinador de primer orden que confiera estabilidad a tal marco de reflexión y trabajo.

Sin embargo, como usted recordará, la Estrategia Española de Seguridad aprobada por el anterior Gobierno en 2011, aun contando con algunos elementos de interés, adolece de ese imprescindible, diría yo, consenso político mayoritario. Ello hace que tanto su vertiente de incorporación de las distintas dimensiones de la seguridad, como del entronque entre administraciones y ciudadanía, sufra la merma derivada de esa falta de consenso. Consecuentemente, más que puntos objeto de cambio, lo que se va a propiciar es un modo distinto de conformar el esquema general del documento.

– El Gobierno ha separado dentro de la estructura del Ministerio del Interior la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que antes estaban unificadas. ¿Qué implicaciones tiene la división de sendas direcciones generales, tanto desde el punto de vista estructural como del operativo?

La figura del director general único para ambos Cuerpos de Seguridad del Estado supuso posiblemente una duplicidad organizativa y funcional con la figura del secretario de Estado de Seguridad. La pretendida mejora de la coordinación entre ambas instituciones pudo no generar los efectos pretendidos, y por el contrario, originó no pocas disfunciones, como una probable ralentización en el proceso diario de la decisión.

Con la separación de ambas direcciones generales se ha mantenido el mando superior común, concentrado en la figura del secretario de Estado de Seguridad, pero diferenciando las estructuras directivas de dos instituciones seculares con idiosincrasias propias y naturalezas distintas. Con esta decisión se asegura la coordinación entre ambos Cuerpos, recuperando a la vez una agilidad muy necesaria. En definitiva, creo, que ambos Cuerpos policiales han recuperado su propia identidad, lo que no es poco.

– En la última década se han conseguido grandes avances en la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Cómo va a fomentarse desde la Dirección General de la Guardia Civil el mantenimiento de esa relación?

La colaboración entre ambos Cuerpos estatales de seguridad es excelente y está garantizada. Evidentemente, pueden darse situaciones concretas en las que se produzcan redundancias o solapes en la actividad operativa; pero esta posibilidad es ínfima en comparación con el conjunto de la actividad desplegada por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Se ha conformado la Comisión Ejecutiva de Coordinación en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, con la firme voluntad política de constituir un auténtico órgano estratégico de coordinación ejecutiva. A sus reuniones, convocadas de modo periódico y muy frecuente desde que el departamento se ha dotado de la actual estructura organizativa, también acuden los respectivos DAO (director adjunto operativo), por parte de la Guardia Civil, el teniente general director adjunto operativo, y le puedo asegurar que supone un marco privilegiado de puesta en común en el esfuerzo policial a nivel central.

Además de la participación de la Guardia Civil en la Comisión Ejecutiva de Coordinación, también existe una contribución óptima del Cuerpo en los distintos órganos sectoriales de colaboración constituidos al efecto, tanto en materia de lucha contraterrorista en el marco del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, como a través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado o bien en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

La apuesta decidida de la Guardia Civil por el uso compartido de las bases de datos de ambos Cuerpos o la creación de bases de datos conjuntas es otro de los instrumentos que demuestra este compromiso de la institución.
– De las líneas estratégicas de actuación que anunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su primera comparecencia en el Congreso ¿Cuáles atenderá con mayor profundidad la Guardia Civil?

Todas, como es natural. La comparecencia del ministro del Interior abordó de manera sistemática los ejes a través de los cuales el departamento que dirige va a afrontar los retos que se plantean en materia de seguridad. Todos y cada una de las líneas estratégicas definidas en sede parlamentaria constituyen prioridades para la Guardia Civil.Antes me he referido a unos casos concretos: la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado o la adopción de medidas que permitan el desarrollo de la inmigración por cauces legales. Pero no solo en estas medidas existe un compromiso total por parte de la Guardia Civil.

La protección de los colectivos sociales más vulnerables debe ser destacada al coincidir plenamente su finalidad con el carácter benemérito de esta institución. Me estoy refiriendo a la salvaguarda de los intereses específicos de nuestros hijos, de nuestros mayores, así como de las mujeres que pueden ser objeto de la violencia en el entorno doméstico.

Por otra parte, el ministro se refirió a unos ejes a los que la Guardia Civil es especialmente sensible. Por virtud de las competencias específicas que asume el Cuerpo, la mejora de la seguridad vial se convierte en un objetivo de primer orden para el conjunto de la institución y, en particular, para los componentes de la Agrupación de Tráfico.

Es capital el despliegue capilar por todos y cada uno de los rincones de España, que facultan a la Guardia Civil para asumir como propia la lucha contra la reiteración delictiva, garantizando de este modo la seguridad ciudadana en el ámbito territorial en donde ejerce sus funciones tal y como dictamina la Ley Orgánica 2/86 [de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estrado]. La misma razón expuesta hace que esta institución participe, con especial responsabilidad, en las medidas que se están implementando para proporcionar seguridad a nuestro patrimonio histórico.

Por último, me gustaría añadir que la Guardia Civil no es ajena a una serie de ejes definidos por el ministro, que se pueden considerar de carácter transversal, y que van desde la racionalización de los medios disponibles, pasando por modernizar el sistema de seguridad, con lo que ello implica a unidades, servicios y procedimientos hasta llegar a fomentar la participación ciudadana y al acceso a la información pública.

– El ministro del Interior señaló como octavo eje estratégico para esta legislatura la racionalización de los medios disponibles y el uso eficiente de los recursos. ¿De qué forma llevará a cabo esta línea estratégica la Guardia Civil?

La situación económica en la que nos encontramos obliga a optimizar los recursos de los que disponen las distintas administraciones públicas para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano. La seguridad pública no es un ámbito ajeno a esta sensibilidad.

Existen diversas medidas que ya se están poniendo en funcionamiento y que a buen seguro van a contribuir de una manera eficaz a racionalizar los medios disponibles. La primera de estas medidas consiste en propiciar la coordinación con otros actores involucrados en el sistema de seguridad. Anteriormente me he referido a las medidas de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, también se va a profundizar en este campo con las policías autonómicas y locales y, como no puede ser de otra manera, la seguridad privada. En general, todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben alcanzar un alto grado de coordinación en beneficio del propio ciudadano.

– Precisamente dentro de las iniciativas para dar cumplimiento a ese eje entra la reforma de la Ley de Seguridad Privada. ¿Qué puede esperar ese sector de dicha reforma en lo que a su relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refiere?
Efectivamente, el ministro del Interior anunció en su comparecencia ante la Comisión de Interior de Congreso una próxima reforma de la Ley de Seguridad Privada. Esta cuestión es del máximo interés para la Guardia Civil, toda vez que el potencial de los servicios privados de seguridad debe ser aprovechado en beneficio del sistema estatal de seguridad. Ciertamente, la Ley de 1992 ha prestado un magnífico servicio al desarrollo de estos servicios y ha sido todo un ejemplo normativo en el ámbito europeo, pero ha llegado el momento de actualizarla y cambiar los enfoques en cuanto sea necesario.

Por eso en la Guardia Civil estamos trabajando ya en definir las líneas estratégicas que, a nuestro juicio, deben inspirar esta reforma, fundamentalmente delimitando de forma inequívoca el ámbito funcional de actuación de los servicios privados, regulando su prestación en la forma que más se favorezca la integración público-privada y mejorando en cuanto sea posible el conjunto de las capacidades de la Seguridad Privada. Posiblemente en este sentido sea pertinente diferenciar las funciones técnicas, como las inherentes a procesos de autorización, inspección o en su caso de sanción, de las derivadas del carácter complementario del sector privado en relación con el público en el esquema general de seguridad. No olvidemos que quienes tienen la última responsabilidad en materia de seguridad son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por lo tanto, reitero que su función será siempre complementaria a la de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y policías autonómicas.

– ¿Cuál es su visión particular del papel que desempeña el sector de la Seguridad Privada para la protección de la sociedad?

La globalización de las amenazas en el mundo actual ha provocado un aumento exponencial en la demanda de seguridad de todos los ámbitos. En este sentido, el Estado, que asume la competencia exclusiva en esta materia, debe utilizar todos los recursos a su alcance para satisfacer esa demanda; en el caso de España, tenemos la suerte de contar con unos excelentes servicios privados de seguridad. Es un hecho incuestionable la madurez alcanzada en materia de seguridad, tanto por usuarios como por proveedores de servicios, y puede afirmarse sin ningún género de duda que la seguridad de nuestra sociedad depende en una proporción estimable y creciente de la aportación efectuada desde el sector privado.

– La Guardia Civil aprobó en 2010 el “Programa Coopera” de colaboración entre la Seguridad Privada y la Benemérita. ¿Cómo valora usted los resultados que ha dejado hasta el momento esta iniciativa?

En 2006, la Guardia Civil, convencida de la importancia del sector, inició un Plan General de Colaboración con vistas a mejorar su relación con la Seguridad Privada. Este Plan generó notables avances, uno de los cuales fue la implantación en 2010 del “Programa Coopera”, que pretendía, aprovechando la experiencia adquirida, mejorar la interoperación con el sector. Este Plan ha sido pionero e innovador y ha servido para poner en práctica otros similares.
Mediante este programa se fijó un marco de relación con la Seguridad Privada basado en la mutua confianza, que ha conducido a un intercambio permanente de información tendente a satisfacer las necesidades de ambas partes.

Desde su puesta en marcha se han adherido 125 departamentos de Seguridad y 106 empresas y se han articulado los grupos de coordinación necesarios para agrupar aquellos sectores que tienen una problemática común. Estos grupos sectoriales se revelan como magníficos instrumentos para garantizar un intercambio fluido de la información y para generar los procedimientos de interoperación más convenientes, con la vista siempre puesta en el interés superior de la seguridad global.

– ¿En qué aspectos cree que debería potenciarse la colaboración de la Seguridad Privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Si bien cabe apreciar la Seguridad Privada como un todo, en la práctica, los distintos servicios prestados son por lo general independientes entre sí y responden, lógicamente, a intereses específicos. Todo ello obliga a establecer unas medidas de coordinación que garanticen la homogeneidad de estos servicios y la unificación de los procedimientos, lo cual impone una intervención más directa de los órganos estatales de coordinación. Más allá de esa coordinación, las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán establecer los procedimientos necesarios para integrar al máximo los servicios privados con los suyos propios, y así cumplir mejor la misión encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades.

– La Seguridad Privada demanda que se considere al vigilante de seguridad como “agente de la autoridad”, al menos en algunos supuestos. Nos gustaría conocer cuál es su opinión al respecto y si cree que esta reivindicación se verá plasmada en la reforma de la Ley de Seguridad Privada.

La condición de “agente de la autoridad” va unida a la de funcionario público, y es evidente que el personal de Seguridad Privada no se encuentra en esta situación. Por otra parte, el carácter de “agente de la autoridad”, además de aumentar la protección jurídica, atribuye una mayor responsabilidad a quien lo ostenta, lo que viene a exigir sin duda una mayor formación.

Dicho esto, no hay duda de que cualquier profesional de la seguridad debe ver reforzada su autoridad y mejorada su protección jurídica. Basta pensar en la situación de los guardas particulares de campo, que desarrollan su función en parajes aislados y que han de actuar con frecuencia frente a auténticos delincuentes.

– ¿Cómo evalúa el nivel de formación de los profesionales de la Seguridad Privada? ¿Aboga usted por llevar a cabo acciones formativas conjuntas entre agentes de la Benemérita y profesionales de la Seguridad Privada?

La demanda de seguridad a la que antes hacía referencia exige una cada vez más alta cualificación del personal de Seguridad Privada. La variedad de funciones de un guarda de campo o de un vigilante de seguridad y la responsabilidad que contraen impone un nivel de formación y especialización sin duda mucho más elevado del que actualmente posee. En esta línea, también parece adecuado que un director de Seguridad, que ha de concebirse como un directivo de su empresa, debe contar con una formación muy superior a las 400 horas que actualmente se le exigen, posiblemente de rango universitario.

Por lo que se refiere a la Guardia Civil, el “Programa Coopera” contempla la posibilidad de que el personal de seguridad privada participe en cursos de formación organizados por la Guardia Civil, tanto en calidad de alumnos como en el papel de profesores. Recíprocamente, también nuestro personal está recibiendo formación desde distintos ámbitos del sector de la Seguridad Privada. Por tanto, no solo estamos abiertos a esa posibilidad sino que la consideramos del máximo interés. De hecho, son varias las acciones formativas que ya hemos llevado a cabo, especialmente en el campo de la protección de infraestructuras críticas, con cursillos de intervención operativa o de identificación y manejo de explosivos, dirigidos a vigilantes de seguridad.

– ¿Qué otro tipo de acciones llevará a cabo la Guardia Civil para hacer más fluida la colaboración del sector de la Seguridad Privada con la Benemérita a lo largo de esta legislatura?

En primer lugar, hemos mejorado la formación de nuestro personal, aumentando su conocimiento del sector. Así, en nuestros cursos de formación, perfeccionamiento y especialización, se incluyen materias del ámbito de los servicios privados de seguridad, convencidos de que el mejor conocimiento mutuo redundará en beneficio de la confianza.Por otra parte, seguimos profundizando en las vías de comunicación abiertas en el marco del “Programa Coopera” para intentar extenderlas a otros campos de la Seguridad Privada, de una forma discreta, pero constante, con el pleno convencimiento de que el camino emprendido hacia la mutua colaboración no tiene retorno.

En definitiva, tenemos la obligación de sumar todos los esfuerzos a nuestro alcance, tanto humanos como materiales, para poder ofrecer la mayor seguridad posible a los ciudadanos, para que puedan ejercer libremente sus derechos y libertades, que es nuestra obligación.