«No es cierto que UDC prefiera uno u otro; puede que lo ideal fuera que estuvieran los dos», ha sostenido en una entrevista de Catalunya Radio recogida por Europa Press, y ha justificado de nuevo que CiU inicie con ERC las conversaciones por ser la que tiene más escaños, sin que esto sea incompatible con hacerlo luego con el PSC.

Duran cree que lo «ideal» sería un gobierno de coalición con PSC y ERC

Rechaza cualquier responsabilidad suya y de UDC en la pérdida de escaños de CiU.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran (UDC), considera que lo ideal para la próxima legislatura catalana puede ser un Gobierno de coalición con PSC y ERC, pero cuestiona que ambos quieran asumir responsabilidades de gobierno y estar «a las verdes y a las maduras».»No es cierto que UDC prefiera uno u otro; puede que lo ideal fuera que estuvieran los dos», ha sostenido en una entrevista de Catalunya Radio recogida por Europa Press, y ha justificado de nuevo que CiU inicie con ERC las conversaciones por ser la que tiene más escaños, sin que esto sea incompatible con hacerlo luego con el PSC.

Sin embargo, ante las demandas de los republicanos de un giro social en las políticas de CiU, Duran también ha resaltado que hay «poco margen para cambiar la política económica» porque es Europa quien la dicta.

Duran ha asegurado que CiU no habla con el resto de partidos amenazando con volver a avanzar comicios, aunque ha destacado que las elecciones anticipadas tienen «una posibilidad de ocurrencia probable«, si bien ha dejado claro que no es inmediato.

También ha rechazado cualquier responsabilidad suya y de UDC sobre el resultado final de la federación en las elecciones de este domingo, en las que cosecharon 50 escaños –12 menos que en 2010–. Según Duran, entre los motivos que podrían explicar el retroceso electoral de la federación podría ser no haber detectado que tenían parte de voto prestado en los resultados de 2010 para impedir un nuevo tripartito, y no haber calibrado la repercusión de la Diada. Además, ha asegurado que no se ve como consejero en el futuro Gobierno catalán, sino en su actual papel de portavoz de CiU en el Congreso.

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas-Aranda, se reunió el pasado 29 de octubre en Barcelona

Díaz admite la reunión entre la Policía y los fiscales sobre el borrador de Mas

El ministro del Interior ha reconocido la reunión de la que habló el SUP cuando denunció que la investigación se paró por las elecciones.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas-Aranda, se reunió el pasado 29 de octubre en Barcelona con los fiscales anticorrupción catalanes para ofrecer sus servicios, según ha dicho, algo habitual en todas las «investigaciones complejas», en referencia al escándalo sobre el cobro de comisiones en el Palau.

La reunión fue adelantada por el SUP en la rueda de prensa donde dio a conocer el borrador sobre las supuestas cuentas en Suiza de Mas. Según dijo el sindicato, en el encuentro los fiscales descartaron seguir investigando.

Marcelino Martín Blas-Aranda acudió a esa cita con los fiscales acompañado del ex responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, José Luis Olivera, actualmente jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).

«En ese caso concreto, fue el jefe de la UDEF con el jefe del departamento de Asuntos Internos para poner a disposición de una investigación tan compleja como esa el departamento de Análisis de Asuntos Internos, que siempre participan de investigaciones complejas, por tanto, formaba parte de la normalidad», ha explicado el ministro, quien ha añadido que «elucubrar sobre otras cosas forma parte de otro género«. «La verdad es lo que acabo de comentar», ha remachado.

El SUP pidió este martes una explicación sobre esta cita en un comunicado en el que se hacía eco de la versión de que los dos comisarios principales se entrevistaron con los fiscales Ulled y Bermejo, «en teoría para exponerles un nuevo programa de análisis de información, pero que, aprovechando la reunión, les mostraron un folio con un esquema de actuación para registrar la sede de CDC y de algunas personas responsables de la Fundación «Trias Fargas», siendo denegada esa actuación por los fiscales».

«No hay que buscarle tres pies al gato porque tiene cuatro -ha insistido el ministro- es una visita normal», ha zanjado el ministro en los pasillos del Congreso.

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El recuento judicial de las entradas vendidas en la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena en la que murieron cuatro jóvene

El Madrid Arena superó su aforo: hallan 16.791 entradas, un 58% más de lo permitido

El aforo permitido estaba en 10.600 personas y Miguel Ángel Flores declaró que había vendido 9.650 entradas.

LD/Agencias

El recuento judicial de las entradas vendidas en la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena en la que murieron cuatro jóvenes y una quinta está herida de gravedad ha concluido este miércoles con la apertura de las ocho cajas, que contenían un total de 16.791 entradas vendidas, un 58 por ciento más del aforo permitido. 

Así lo han indicado fuentes jurídicas presentes en el recuento judicial desarrollado en la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. De esta forma, los 16.791 tickets superan con creces el aforo permitido, 10.600 personas, y también el número de entradas que el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, declaró ante el juez que había vendido: 9.650. La defensa del imputado, representada por el abogado Jorge Morales, ya ha anunciado que recurrirá esta decisión al entender que dos de las cajas fueron manipuladas, según informa elmundo.es. En el primer recuento, efectuado el pasado viernes, se abrieron cuatro de las ocho cajas con entradas que encontró la Policía en las que se contaron 9.257 boletos. 

El recuento ha comenzado pasadas las diez de la mañana en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en presencia del juez encargado del caso, Eduardo López Palop, la fiscal y las partes personadas.

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Secretario general de la AUGC y uno de los ‘fundadores’ del servicio marítimo hace más de 20 años, Alberto Moya fue expedientado por unas declaraciones que le costaron el traslado a Málaga en 2011

La Guardia Civil indulta al agente que criticó al Ministerio del Interior

Secretario general de la AUGC y uno de los ‘fundadores’ del servicio marítimo hace más de 20 años, Alberto Moya fue expedientado por unas declaraciones que le costaron el traslado a Málaga en 2011

Redacción / Algeciras | Actualizado 28.11.2012 – 01:00

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Alberto Moya (derecha), tras ser notificado de uno de los expedientes, en una foto de 2009.

 

La Dirección General de la Guardia Civil ha revocado el expediente disciplinario impuesto al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, por hacer unas declaraciones en 2010 en las que criticó que el ministerio del Interior intentara impedir que se manifestasen agentes del cuerpo. Moya desempeñaba su labor en Algeciras en el momento de estos hechos.Según informó ayer la AUGC, el expediente ha quedado sin efecto después de que los servicios jurídicos de la asociación mayoritaria en la Guardia Civil recurrieran, consiguiendo que finalmente el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, lo haya anulado.

El expediente disciplinario se abrió por una falta considerada muy grave en 2010 y conllevó unos meses después, ya en 2011, la pérdida de destino de Moya en Algeciras y su traslado a Málaga. «Es decir, tener que abandonar su puesto en el servicio marítimo de Algeciras después de más de 20 años de servicios en esa unidad. En definitiva, el destierro para él y su familia», criticó ayer la AUGC.

La asociación confirmó ayer a este diario que la revocación del expediente supone el reintegro inmediato de su secretario general a su puesto en Algeciras. Moya fue uno de los guardias civiles con los que se puso en marcha el servicio marítimo en la comandancia campogibraltareña.

El guardia civil fue sancionado, junto a otros dirigentes de la AUGC y de la Unión de Oficiales (UO), por unas declaraciones efectuadas los días previos a una manifestación del 18 de septiembre de 2010 en la que miles de guardias civiles reclamaron en Madrid mejoras laborales.

Moya acusó entonces al ministerio del Interior de tratarles «como a los terroristas de ETA» por prohibir la marcha, que finalmente fue autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La AUGC recordó ayer que la sanción fue impuesta por el anterior director general de la Guardia Civil, Francisco Velázquez. En su opinión, la sanción se enmarcó «dentro de una cadena de expedientes contra los dirigentes de AUGC», ya que se trató del cuarto expediente abierto a Moya, «con un claro objetivo de quitarlo de en medio».

«Todos y cada uno de dichos expedientes abiertos lo fueron por hacer uso de la libertad de expresión. Expedientes que posteriormente los órganos judiciales siempre han sabido enmendar, dándonos machaconamente la razón una y otra vez», añadió la AUGC, que incide en que «ese fue el perfil» de Velázquez, que «quiso ser tan de izquierda que llegó a la derecha».

Para la asociación, la sanción que ahora se ha revocado fue «claramente política, motivada por la impotencia que les generaba la manifestación convocada frente a la Dirección General por AUGC y UO al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a su adlátere Velázquez».

En su consideración, se trata de una «pataleta de un político mal criado» que «no midió las consecuencias personales que su decisión política tendría, no sólo en un trabajador, sino en la familia de éste, a la que obligó a abandonar su lugar habitual de residencia».

La manifestación se celebró en Madrid el 18 de septiembre de 2010 y fue la mayor movilización de guardias civiles llevada a cabo hasta ese momento.

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Varios de los implicados en la red de tráfico de datos desarticulada por la policía el pasado mayo aparecen vinculados con espías del Centro Nacional de Inteligencia, el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno informaciones de interés para el Estado

La red de tráfico de datos mantenía estrechos contactos con agentes del CNI

En el sumario consta una operación supervisada por jefes del servicio de espionaje

Uno de los tres trabajadores de la oficina del INEM de Badalona (Barcelona) que fueron detenidos en la Operación Pitiusa. / TONI GARRIGA (EFE)

Varios de los implicados en la red de tráfico de datos desarticulada por la policía el pasado mayo aparecen vinculados con espías del Centro Nacional de Inteligencia, el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno informaciones de interés para el Estado. A lo largo de los más de 16.000 folios del sumario de la Operación Pitiusa se ven contactos con agentes del CNI, a los que un grupo de sospechosos se refiere con el nombre en clave de Los ranas.

Los estrechos lazos que los integrantes de la trama mantenían con agentes del CNI quedaron confirmados también cuando estos últimos contactaron con la policía para interesarse por las acusaciones que pesaban sobre sus amigos detenidos. Lo que no queda claro es qué tipo de relación había entre unos y otros, aunque hay indicios de que los espías del CNI usaban a los detectives y colaboradores que conformaban el inmenso comercio de datos secretos.

Las investigaciones realizadas durante un año por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona culminaron el pasado mayo. Como consecuencia de la operación hay más de 150 imputados, entre ellos detectives privados, funcionarios de Hacienda, el Inem, el Catastro, la Seguridad Social, guardias civiles y colaboradores de otro tipo. Entre ellos manejaban una «ingente» cantidad de datos secretos que supuestamente vendían a empresas y particulares, además de hacer trabajos por encargo, como penetrar en el ordenador de una persona para robarle todo el contenido de su disco duro.

La conexión del CNI con este entramado es palpable, por ejemplo, en las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective Aitor Gómez y un tal Tino en relación con una operación destinada a descubrir una red de contrabando de tabaco. Aitor Gómez es el hombre de la agencia Winterman en Bilbao, mientras Tino aparece algo así como un colaborador de este en Ourense.

Al referirse a un infiltrado al que van a usar a tal fin, Tino le dice a su compañero: «Temo que pueda manipularnos a todos. Es un líder». Tino, preocupado porque va a meterse «en un merengue muy gordo», admite que tiene un «problema» por unos antecedentes por intrusismo profesional, y añade que prefiere no pedir «un segundo favor» a su primo, nombre en clave con el que designa a su contacto del CNI en Galicia, según fuentes policiales.

De los pinchazos telefónicos se desprende que Guardia Civil y CNI investigaron el contrabando gracias a sus contactos con detectives, que vigilaban a un tal Songo y a una mujer. Estos importaban 20 contenedores de Marlboro al mes. La mercancía ilícita entraba por el puerto de Valencia. La tabaquera Philip Morris —propietaria de marcas como Marlboro, Chesterfield y L&M— quiso poner fin a esa situación y solicitó, supuestamente, la investigación a una agencia de detectives.

El ‘hacker’ Bevilacqua y su controlador ‘Don Aquiles’

Un hacker argentino de 36 años, Matías Bevilacqua Brechbuhler, desempeña un papel central en la trama de tráfico de datos. Bevilacqua es el experto informático al que dos de los detectives más implicados en la trama —Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera— recurren de forma asidua para reventar ordenadores y rastrear en cuentas de correo electrónico de empleados y altos cargos de empresas. Pero su virtuosismo tecnológico también sirve al Estado: trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un controlador conocido con el alias de Don Aquiles, según fuentes de la investigación.

Hace algunos años, Bevilacqua coincidió en la misma empresa con Dionisio, Olivera… y Sergio Corcoles, el policía local de Santa Maria de Palautordera (Barcelona) que originó la investigación. En el registro de la empresa donde trabaja el hacker, CFLabs, la policía se incautó de discos duros y 140.000 euros en 12 sobres. En su declaración, dijo que el dinero provenía “del Ministerio de Defensa, con el que está trabajando actualmente”. No ofreció más detalles, pero dijo que podía probarlo.

Según el sumario, Bevilacqua penetró en los ordenadores de altos cargos de las empresas Minas de Río Tinto y Unilever.

Aitor y Tino se reunieron en un hotel de Madrid a la asistieron mandos de la Guardia Civil (los verdes, como aparecen en el sumario) y miembros del Centro Nacional de Inteligencia en Vigo, a los que apodan Los ranas. Ambos están inquietos y son conscientes de la «importancia» del caso. Aitor discute con un hombre no identificado sobre la fecha de la reunión. «Espérate, déjame verificar si Guardia Civil me dijera que sí seguro, porque no lo sé, tío», dice ese interlocutor anónimo, que en alguna ocasión le llama desde la Comandancia de Vitoria.

Aitor le explica a ese interlocutor, miembro de la Guardia Civil, que es una «operación del CESID» [antiguo nombre del CNI], y que va a ser este servicio el que «decida quién lo va a reventar, si lo revienta la policía nacional, los verdes o nuestra gente». No obstante, Aitor Gómez insiste en que «quien va a llevar la voz cantante» es el CNI. El propio guardia civil reconoce que el cuerpo andaba detrás de este asunto desde hacía año y medio y que se dirigió a Aitor para «tener más datos».

«Si vienen los del centro [de inteligencia] es para dar cobertura al informante, no para organizar ellos nada (…) Es simplemente de protección, porque no se fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste», apunta el guardia al detective.

Tras la reunión, Aitor y Tino se muestran preocupados por si el caso está judicializado o no. «De eso depende que podamos sacar adelante nosotros el tema con la información que tenemos», recalca Aitor en una conversación.

Otro de los imputados que mantiene contactos con el CNI es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que desempeña un papel fundamental en la trama de tráfico de datos. Bevilacqua, un hacker de 36 años y de origen argentino, hace trabajos para dos de los detectives que cayeron en la redada policial: Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Todos ellos habían coincidido, junto al policía local Sergio Corcoles en la empresa Cybex.

Al ser detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías de Barcelona que hacía trabajos delicados para los servicios de inteligencia españoles. En prueba de ello, facilitó un número de teléfono y el nombre en clave de «don Aquiles», el oficial de enlace del CNI para el que trabajaba. Don Aquiles corroboró después su versión.

En el extenso sumario judicial hay un tercer nexo que revela los contactos de la trama de tráfico de datos con el CNI: la llamada telefónica de José Moraga, de Madrid, a Sergio Corcoles, policía local de Santa Maria de Palautordera (Barcelona), cuya intensa actividad supuestamente ilegal fue el origen de la investigación. Moraga le dice que ha logrado su número de teléfono a través de «un amiguete del CNI». De ahí se deduce que Corcoles tenía contactos con miembros del CNI con los que presuntamente intercambiaba información, según fuentes policiales.

El marido de Cospedal no perdona a quien ordenó espiarle

Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, no ha perdonado a su jefe, que ordenó investigarle por temor a una conspiración de consejeros de Neoris. El consejero delegado de la firma, Marco de Pedro, autorizó a un detective a grabar la reunión de Del Hierro y cuatro consejeros en un restaurante de Madrid. El abogado de De Pedro pidió el archivo porque los consejeros, incluido el esposo de Cospedal, le habían “manifestado su perdón”. Fuentes próximas a De Cospedal negaron que haya habido perdón y afirmaron que Del Hierro baraja acciones legales contra él.

De Pedro envió ayer a EL PAÍS un escrito en que señala que siempre tuvo “plena confianza” en López del Hierro, al que “en ningún momento se estaba investigando, sino al conjunto de los asesores” y admite: “[El esposo de Cospedal] en ningún momento me ha otorgado ni por escrito, ni en sede judicial, su perdón”.

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