• LOS trabajadores de los autobuses de Barcelona, ajenos a las molestias que provocan a buena parte de los usuarios, han decidido redoblar sus acciones de protesta con un paro indefinido diario de dos horas por turno. El sistema escogido provoca una gran confusión entre los ciudadanos, porque trastoca todos los horarios, y ocasiona pérdidas a una empresa que se financia en una tercera parte con dinero público. Esta situación debe acabarse porque, como dijimos hace unos días, no es justo ni ético que una minoría de trabajadores perjudique a una mayoría de ciudadanos para lograr sus reivindicaciones.

Situaciones como la que se vive en el transporte público de Barcelona obligan a plantearse de nuevo la necesidad de una ley de huelga que defienda el bien común por encima de intereses particulares. En ausencia de esta, las autoridades están obligadas a fijar servicios mínimos, máximos, superiores al 50% del servicio que se ha establecido hasta ahora.La autoridad laboral, además, debería velar porque las normas democráticas presidan la toma de decisiones colectivas en el seno de la empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), donde se ha impuesto el sistema asambleario y donde los acuerdos se adoptan en reuniones a las que apenas asiste una cuarta parte de los cuatro mil empleados de la compañía. Las decisiones de huelga deberían adoptarse con voto secreto, en urna, y con la opción de participación de la mayoría de la plantilla.

Los trabajadores de TMB protestan contra los recortes salariales decretados por el Gobierno central para todas las administraciones y empresas públicas, que equivalen al importe de la paga de Navidad. La dirección de la empresa no puede vulnerar esta norma general, aunque tampoco debería hacerlo porque la solidaridad debe ser para todos. Pese a ello, ha hecho una propuesta imaginativa para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, sobre la base de aplazar la paga de Navidad al mes de enero y contabilizarla en los presupuestos del 2013. Pero ello tampoco ha sido aceptado por la asamblea de trabajadores.

Todo indica que, al margen de las reivindicaciones salariales, en TMB hay una lucha sindical liderada por la central anarquista CGT para ganar poder, en una empresa con siete centrales sindicales, y desbancar de la mayoría a CC.OO. y UGT. En cualquier caso, como hemos dicho, no es justo ni ético que todo ello lo paguen los ciudadanos, como tampoco puede ser que el transporte de una ciudad quede a expensas de los intereses de unos pocos, por legítimos que pudieran ser.