El primer servicio de inteligencia pública de Europa nace en Euskadi para asesorar a las empresas en sus proyectos productivos.

“Un servicio de inteligencia hace más eficientes a las organizaciones”

  • 07.10.2012 Bilbao M. Vargas 1

El primer servicio de inteligencia pública de Europa nace en Euskadi para asesorar a las empresas en sus proyectos productivos.

Fondaki SIP-ner es el nuevo servicio de inteligencia pública puesto en marcha por diez organizaciones pertenecientes a ner group y el grupo cooperativo de las Indias, cuyo objetivo es reunir información y ponerla a disposición de empresas y administraciones para facilitar su expansión en nuevos mercados. Para este proyecto se ha unido la experiencia metodológica de la cooperativa de las Indias con la filosofía de la asociación empresarial ner group de aprovechamiento e intercambio de conocimiento.

El citado artículo dispone que cuando se declare una huelga en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad

Texto legal sobre la huelga en Seguridad Privada

TEXTO  (BOE número 143 de 15/6/2002, páginas 21892 a 21893)

 

El derecho fundamental a la huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Constitución, en su artículo 28.2, reconoce como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Ante situaciones de huelga en el sector de la seguridad privada procede enunciar los servicios esenciales para la comunidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, de acuerdo con la interpretación del mismo efectuada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras, sentencias de 8 de abril y de 17 de julio de 1981 y de 24 de abril de 1986).

El citado artículo dispone que cuando se declare una huelga en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios mínimos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, cabe considerar tales servicios como esenciales en base a las siguientes circunstancias: a) el carácter de servicios subordinados y complementarios respecto a los de la seguridad pública que ostentan los servicios de seguridad privada ; y b) la concurrencia de elementos de especial gravedad que afectan al mantenimiento de la seguridad de las personas y de las instalaciones, en cuanto que los servicios de seguridad privada contribuyen de manera directa a la prevención del delito.

La determinación de los servicios mínimos ha de realizarse manteniendo la adecuada proporcionalidad entre el interés general de la comunidad y el derecho de los trabajadores. Se hace preciso, pues, reiterar el carácter de esenciales que, en las circunstancias concurrentes, tienen los servicios de seguridad privada, así como establecer el procedimiento para la determinación del porcentaje del personal necesario para la prestación de los correspondientes servicios mínimos.

Así pues, en base a los condicionantes expuestos, el Real Decreto considera servicios esenciales de seguridad privada aquellos servicios que por prescripción de la normativa sobre seguridad ciudadana, sobre seguridad privada y de otras disposiciones sectoriales, se presten en relación con actividades o bienes obligados a disponer de un servicio de vigilantes de seguridad, ya sea por el potencial riesgo de la actividad o por el valor de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

Mención especial requiere la consideración de servicios mínimos en el caso de la protección y seguridad de las personas cuando las amenazas terroristas han puesto de manifiesto la existencia de un grave riesgo para la seguridad de autoridades, cargos públicos y otras personas.

En su virtud, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo segundo, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de junio de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Ejercicio del derecho de huelga.

El ejercicio del derecho de huelga por el personal de seguridad privada se realizará sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esenciales conforme se determina en los artículos siguientes.

Artículo 2. Servicios esenciales de la comunidad.

A los efectos señalados en el artículo anterior tendrán la consideración de servicios esenciales los siguientes:

1. Los relativos a la prestación de servicios de seguridad:

a) En centrales nucleares, en petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles.

b) En las actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución.

c) En las fábricas de armas de fuego, en las de explosivos y en sus almacenamientos.

d) En los transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.) y en los centros de telecomunicaciones.

e) En los Bancos, Cajas de Ahorro, entidades de crédito y en todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto con carácter obligatorio.

f) En actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables.

g) En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.

h) En centros y sedes de medios de comunicación social.

2. Los servicios de protección de la seguridad personal a autoridades, cargos públicos y otras personas.

3. Los servicios que se presten en centrales de alarma, al objeto de garantizar la efectividad de los servicios descritos en este artículo.

Artículo 3. Determinación del personal adscrito a los servicios esenciales.

1. El Secretario de Estado de Seguridad o los Delegados del Gobierno, cuando el ámbito territorial de la huelga sea autonómico o inferior, respecto a los servicios declarados esenciales en el artículo anterior, determinarán, mediante Resolución, el porcentaje del personal adscrito a los mismos que deberá desarrollar su actividad durante la misma.

2. La determinación concreta de las personas que presten los servicios esenciales corresponderá a los empresarios, previa audiencia de los correspondientes comités de huelga.

Artículo 4. Garantías de seguridad.

Durante la celebración de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las personas, de las instalaciones y del material, asegurándose, además, por el comité de huelga que, a la finalización de ésta, los distintos centros y servicios se encuentren en situación de funcionamiento normal, todo ello de conformidad con la normativa legal aplicable.

Artículo 5. Mantenimiento de servicios esenciales.

Los servicios esenciales recogidos en los apartados anteriores no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. Caso de producirse, serán considerados ilegales y quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 14 de junio de 2002.

JUAN CARLOS R.

 

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro del Interior,

MARIANO RAJOY BREY

La reforma de las administraciones públicas para adelgazar su peso, racionalizar sus funciones y evitar duplicidades sigue siendo el caballo de batalla del Gobierno en la lucha contra el déficit y el despilfarro

El Gobierno espera a las elecciones para comenzar la poda de la Administración

Pepa Montero madrid.
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Foto: Archivo
  • Reducción de concejales, supresión de entidades locales y ajuste de competencias, sobre la mesa. Cierre de empresas y recorte de personal son las asignaturas aún pendientes de las autonomías.

 

La reforma de las administraciones públicas para adelgazar su peso, racionalizar sus funciones y evitar duplicidades sigue siendo el caballo de batalla del Gobierno en la lucha contra el déficit y el despilfarro. Una lucha en la que el Ejecutivo piensa centrarse en cuanto se celebren las elecciones vascas y gallegas, y cuya primera medida será, con toda probabilidad, el adelgazamiento de la Administración local.

Esta inminente ofensiva en el ámbito autonómico y municipal viene impuesta por la realidad de un país al borde del rescate, con 17 administraciones periféricas, 8 de ellas tan estranguladas financieramente que han debido acogerse al Fondo de Liquidez, y que pese a no poder pagar las nóminas a final de mes, siguen sin coger por los cuernos el toro del gasto. Esto es: prácticamente ningún Gobierno regional ha metido de verdad tijera en la mayor partida de dispendio, que procede del desorbitado sector público empresarial y de la abultada plantilla funcionarial.

Ante la pasividad y resistencia generalizada de unos Gobiernos autonómicos lastrados por el clientelisno y varios comicios que pueden modificar el statu quo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya avanzó en julio pasado por dónde irían las actuaciones del Ejecutivo.

En primer lugar, una reducción del 30 por ciento en el número de concejales, dentro del plan gubernamental de racionalización administrativa. El impacto de tal medida se cifra en 3.500 millones de euros, que se sumarían a los 10.500 millones que se lograrían con la racionalización del número de entidades locales y competencias impropias, según consta en el plan de estabilidad financiera 2012-15 remitido a Bruselas. También se delimitarán competencias y se racionalizarán las Diputaciones.

 

Mayor fuente de despilfarro

Con todo, la mayor fuente de gasto descontrolado son las empresas públicas, autonómicas y municipales, que tanto Bruselas como el Gobierno central y los expertos aconsejan cerrar o privatizar.

«Con el cierre de empresas, entes y organismos autonómicos y municipales se lograría un ahorro de 24.000 millones, que es el equivalente a la deuda que acumulan. Y sin que tuviera repercusión en el déficit», plantea Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket, quien no duda en señalar algunos de estos entes. Para este economista,hay que eliminar «los Consejos Económicos y Sociales, que no sirven para nada, así como los Tribunales de Defensa de la Competencia, que son un disparate».

De parecida opinión es el profesor de la Universidad Complutense Fernando Méndez Ibisate, que aboga por «prohibir la existencia de organismos, empresas públicas, fundaciones, etc, que se crean por duplicado y hasta triplicado para determinadas exhibiciones, exposiciones, etc. Lo único que hacen es duplicar gastos».

Un ejemplo palmario de estos organismos autonómicos y municipales perfectamente prescindibles son las televisiones, que al decir de Méndez Ibisate «habría que cerrar. De hecho, yo eliminaría la televisión pública, incluida la estatal».

 

Coste político

Si la solución parece tan clara, ¿por qué no se ha hecho ya? Fundamentalmente, por el elevado coste político, que es también la razón de que la cifra de empleados públicos está bajando, pero a un ritmo claramente insuficiente.

En opinión de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor titular de la Universidad Complutense, donde las CCAA más pueden reducir el gasto es en el capítulo de personal, que supuso «cerca del 40 por ciento del gasto no financiero total de las comunidades autónomas en 2011 y que desde 2002 prácticamente se ha doblado».

Respecto a la efectividad de las medidas adoptadas, el directivo de Fedea asegura que «son claramente insuficientes para cumplir el objetivo de estabilidad. De hecho, la mayor parte del ahorro en el gasto de las CCAA se debe a medidas que ha impulsado la Administración Central -Real Decreto de Sanidad, Educación y Dependencia y eliminación de la pagas extras- más que a medidas de reducción de gasto que provengan de actuaciones propias». Lo que, a su juicio, choca con «los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal que uno debería imponer en todo sistema de financiación autonómico».

También Jordi Fabregat, director del Máster de Finanzas de Esade, coincide en la necesidad de «recortar el número de personas en las administraciones», al igual que meter tijera en las empresas públicas, que «habrá que ir cerrando. Es muy duro, pero no queda más remedio». Pese a las reformas, este economista sostiene que será imposible cumplir el déficit del 6,3 por ciento prometido a la UE, y que, entre los anticipos que piden las CCAA y la poca claridad de cuentas, «será difícil que sepamos quién incumple el objetivo, si el Gobierno o las CCAA».


MADRID (Reuters) – Las facturas impagadas se amontonan en los ayuntamientos y gobiernos regionales españoles, apenas unos meses después de que Madrid anunciase un rescate que pretendía poner fin al bochorno de trabajadores y proveedores sin cobrar.

La crisis regional española golpea a empresas y familias

ReutersReuters – Hace 20 horas

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  • Las facturas impagadas se amontonan en los ayuntamientos y gobiernos regionales españoles, apenas unos meses después de que Madrid anunciase un rescate que pretendía poner fin al bochorno de trabajadores y proveedores sin cobrar. En la imagen, la limpliadora Inmaculada Martínez, de 46 años, posa en la estación de autobuses de la Línea de la Concepción. Como a ella, a muchos empleados municipales en la localidad andaluza de la Línea de la Concepción les deben ocho meses de salario. Sin embargo, Martínez va cada día a limpiar la estación de autobuses temiendo que si se queda en casa el Ayuntamiento la despida, y eso pudiera terminar con cualquier posibilidad de recuperar su salario. Foto tomada el 28 de septiembre de 2012. REUTERS/Marcelo del PozoVer fotoLas facturas impagadas se amontonan en los ayuntamientos y gobiernos regionales españoles, …

MADRID (Reuters) – Las facturas impagadas se amontonan en los ayuntamientos y gobiernos regionales españoles, apenas unos meses después de que Madrid anunciase un rescate que pretendía poner fin al bochorno de trabajadores y proveedores sin cobrar.

La crisis financiera en las administraciones locales y regionales está afectando desde a las grandes corporaciones españolas al personal local, que estaría entre los trabajadores peor pagados si no fuera porque con frecuencia no les pagan en absoluto.

Inma Martínez, separada y con cuatro hijos, es víctima de los intentos de gobiernos locales y regionales por financiar sus déficit presupuestarios retrasando los pagos.

Como a ella, a muchos empleados municipales en la localidad andaluza de la Línea de la Concepción les deben ocho meses de salario. Sin embargo, Martínez va cada día a limpiar la estación de autobuses temiendo que si se queda en casa el Ayuntamiento la despida, y eso pudiera terminar con cualquier posibilidad de recuperar su salario.

Martínez, de 47 años, ha tenido que recurrir a pedir comida con otras familias del pueblo en un centro comercial de La Línea, situada junto al enclave británico de Gibraltar.

«Sólo queremos ayuda para comida (…) es muy difícil para la Iglesia ayudarnos a todos en este momento», dijo Martínez, que lleva 14 años trabajando como limpiadora en la localidad gaditana.

Ahora esta mujer, con hijos de entre 12 y 27 años, dice sufrir depresión por la incertidumbre de su trabajo. «La gente lo ha perdido todo: sus coches, sus casas. La situación es muy, muy mala y no nos dan nada de información concreta».

Esta no debería ser la situación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció un programa de rescate de 30.000 millones de euros para cubrir meses e incluso años de facturas sin pagar para servicios como sanidad o gestión de basuras.

Se suponía que la línea de crédito era un acuerdo puntual para los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, origen de los problemas que hacen temer que el Gobierno central necesite su propio rescate de la eurozona.

Los gobiernos autonómicos y municipales sobrepasaron con creces sus límites de déficit presupuestario el año pasado. Este año reciben una gran presión de Madrid para que reduzcan su déficit a un total del 1,5 por ciento de la producción económica del país, desde el 3,3 por ciento del año pasado. Eso implica ahorros de 18.000 millones de euros.

El rescate original ofrecido por el Gobierno estaba diseñado para saldar facturas y sueldos sin pagar emitidas antes de finales de 2011.

Pero España está en recesión, y el consiguiente descenso en ingresos fiscales está anulando los recortes de gastos de las administraciones, que han empezado a intentar cumplir sus objetivos fiscales de este año dejando que se vuelvan a amontonar las facturas.

El Gobierno central ya ha tenido que intervenir con un segundo rescate de 18.000 millones de euros, en esta ocasión para ayudar a las regiones a cumplir sus obligaciones en bonos.

Las asociaciones empresariales quieren que Madrid permita a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos acceder a fondos del segundo rescate, el Fondo de Liquidez Autonómica, para pagar a proveedores además de para cumplir sus vencimientos de deuda, según fuentes que representaban a grandes empresas del país.

«El sector está en conversaciones con el Gobierno para utilizar primero 2.500 millones de euros que quedan de la línea original de crédito para cumplir deuda hasta el 30 de junio, y después recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica».

La constructora FCC y las compañías de servicios y limpieza urbana subsidiarias de firmas de infraestructuras como ACS, Ferrovial y Sacyr se han visto afectadas por cuentas sin pagar.

Lo mismo les ocurre a las empresas farmacéuticas y sanidad como Roche y Sanofi. Su grupo de presión Farmaindustria ha dicho que las regiones parecen estar acumulando facturas sin pagar a un ritmo más rápido este año que en el pasado, tras acumular 1.500 millones de deuda a sus miembros entre enero y junio.

«El Gobierno tiene munición suficiente ahora mismo para resolver la situación actual. La cuestión es asegurar que este comportamiento nefasto no se repite», dijo la fuente empresarial.

La competencia en educación, sanidad y otros servicios la tienen las comunidades autónomas. Durante años, el boom inmobiliario en España producía jugosos ingresos en impuestos, y las administraciones ajustaron sus gastos en consecuencia.

Sin embargo, el mercado inmobiliario se derrumbó hace cuatro años, arrastrando los ingresos fiscales. Una pobre gestión en todos los niveles del Gobierno ha empeorado el problema.

«España basó sus gastos en una burbuja inmobiliaria, como si fuera a seguir recibiendo esos beneficios para siempre», comentó J. Ignacio Conde-Ruiz, economista del grupo de estudios Fedea.

La última ronda de medidas de austeridad de Rajoy, por valor de 65 millones de euros, incluye reformas para aligerar los ayuntamientos y cancelar servicios locales que no pueden financiarse.

DRAMA FAMILIAR

La Línea refleja los problemas de los ciudadanos que dependen de presupuestos públicos. El gobierno local es el primer empleador del pueblo, y simplemente ha dejado de pagar el salario a sus 800 empleados. El personal ha recibido su paga extra de Navidad, hace apenas dos semanas.

Los empleados del Gobierno tienen pocas posibilidades de encontrar otro trabajo en el pueblo si dejan su puesto. Martínez dijo que una compañera que había decidido dejarlo está ahora sin empleo.

La Línea no tiene industria y poco turismo, pese a su cercanía con el destino turístico de Gibraltar. El desempleo ronda el 40 por ciento, muy por encima de la media nacional del 25 por ciento.

Los vecinos dicen que la alcaldesa, la socialista Gemma Araujo, debería negociar un acuerdo mejor para que el ayuntamiento pague sus deudas y priorice el pago al personal.

Araujo admitió que a los trabajadores municipales se les debe un total de ocho mensualidades, pero negó que hayan pasado ocho meses sin nada, señalando que en junio se hicieron algunos pagos.

La alcaldesa culpó de la situación a la administración anterior, perteneciente al gobernante Partido Popular.

«Cuando asumimos el poder hace año y medio, descubrimos que la situación era totalmente caótica en el Ayuntamiento. Había 132 millones de euros de deuda a proveedores», dijo a Reuters.

Ahora, el 70 por ciento de los ingresos se usan para pagar deudas, dejando poco con lo que gestionar servicios o pagar al personal.

Araujo y sus altos cargos siguen recibiendo sus salarios, aunque reducidos.

«Los salarios de la alcaldesa y los altos cargos se han reducido un 70 por ciento», dijo. «Ahora tenemos que estabilizar la situación de sueldos».

Su personal ya está desmoralizado. Mercedes Corbacho, que restaura arte religioso y dirige un museo en el pueblo, dijo que hay pocas ganas de luchar por los sueldos sin cobrar.

«No hay huelgas, no hay presión. En la última protesta a la que fui había cinco personas», dijo.

Corbacho comentó que ha empezado a quedarse retrasada en el pago de su hipoteca, aunque al menos su marido, profesor de instituto, sigue recibiendo su sueldo.

«Ahora tengo que pagar mis materiales (…) No tenemos Internet (en el museo), ni siquiera tengo un ordenador», dijo. Su marido ha propuesto mudarse a otro sitio con sus hijos de 3 y 5 años, pero son reacios a marcharse.

«Las cosas están mal en toda España, pero no podemos trabajar sin cobrar», dijo.

Por Tracy Rucinski y Clare Kane

«Y ahora, ¿qué hacemos?», se preguntaban algunos mientras miraban de soslayo a los agentes apostados en las entradas de las naves en las que tenían que descargar.

GOLPE POLICIAL A LA MAFIA CHINA

“Y ahora, ¿qué hacemos?”

Los camioneros que llevaban mercancía a la red desarticulada se quedan colgados a la espera de que termine la operación policial

Varios agentes y trabajadores, durante la operación en el polígono de

Los camioneros que llevaban mercancías para los comercios chinos en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, epicentro de la operación policial contra una red de evasión de capitales, se han quedado colgados esta mañana. Con los vehículos cargados a tope de productos, han permanecido aparcados hasta que terminara la operación policial, sin saber exactamente cuando terminaba. «Y ahora, ¿qué hacemos?», se preguntaban algunos mientras miraban de soslayo a los agentes apostados en las entradas de las naves en las que tenían que descargar.

Ese ha sido el caso de dos camioneros recién llegados desde la provincia de Alicante con los tráilers cargados de productos de menaje del hogar, en especial fabricados en plástico. «Llevo unos 80 metros cúbicos de productos repartidos en 33 palés cargados hasta arriba. La policía nos ha dicho que tendremos que esperar al menos bastante», ha confirmado uno de los conductores. Su acompañante estaba en el mismo caso. «Hemos aparcado los camiones y estamos a la espera de que nos digan algo nuestros jefes: si esperamos o nos volvemos con la mercancía a Alicante», ha explicado el otro camionero. Ambos han decidido ir a comer a mediodía mientras esperaban instrucciones.

El problema que veían los conductores es que, si descargaban la mercancía, quizá sus jefes no la cobrasen. Las cuentas de la organización han quedado intervenidas y los responsables de las compañías estaban detenidos. También existía el problema real de quién se hacía cargo de los productos. «Lo mejor sería descargarlo en otro comprador o volver con ello a Alicante», explicaba un camionero.

Los conductores han relatado que las naves son auténticos comercios aunque desde el exterior no den esa apariencia. Tienen dos partes bien diferenciadas. Una es de exposición, en la que los compradores pueden ver, tocar y hasta probarse los materiales que ofrecen los mayoristas. En la otra, enormes almacenes donde se almacenan miles de palés y con sus correspondientes muelles de carga para permitir que accedan con total facilidad los compradores. «Aquí entran miles y miles de productos todos los días. Entra y salen palés de continuo», ha explicado un empleado.

El deambular de coches de lujo era continuo. Las principales marcas de lujo eran las más vistas por inmigrantes orientales que se han topado con la sorpresa de la presencia policial desde primera hora de la mañana. Algunos intentaban acceder a las naves, pero los agentes apostados en ellas les indicaban que tenían que seguir la marcha. Otros, directamente al ver a los uniformados, casi no se paraban y decidían continuar su viaje.

«Tienen unos cochazos enormes en los que se gastan auténticas fortunas. Muchos prefieren quitárselo de otras cosas para lucir vehículos que superan hasta los 100.000 euros», ha destacado uno de los conductores. Esta imagen de opulencia contrastaba con la de varias decenas de trabajadores chinos que acababan de llegar al polígono. Bajaban aun con la cara de sueño y se toparon con varias furgonetas de antidisturbios a la entrada de las naves. «Hoy no se trabaja», les informaba un mando del dispositivo, que llevaba un llamativo chaleco de policía.

La zona, que amanecía con un enorme despliegue policial desde las cinco y media de la mañana, se ha convertido a mediodía en un enorme plató de televisión, en el que se han mezclado también unidades móviles de radio y bastantes fotógrafos. Dentro, la actividad policial era continua y no dejaban de entrar y salir agentes.