Hacienda insta a las comunidades a priorizar en educación, sanidad y servicios sociales

Hacienda insta a las comunidades a priorizar en educación, sanidad y servicios sociales

Vídeo: Efe

  • Niega que los PGE de 2013 incumplan los estatutos de autonomía
  • Baleares y Andalucía critican las cuentas y las tachan de «injustas»

Efe | Madrid

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha dirigido este domingo al Tribunal Constitucional para negar que los presupuestos de 2013 incumplan estatutos de autonomía y ha invitado a las CCAA a reducir gasto innecesario y centrarse en mantener la sociedad del bienestar.

«Deben centrarse en educación, sanidad y servicios sociales y el resto en estos momentos sobra», ha recalcado Beteta en declaraciones a los medios tras reunirse con miembros del grupo popular en el Congreso para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que se registraron el sábado en la Cámara Baja.

Preguntado por las críticas de comunidades por rebajar las transferencias en un 12%, Beteta ha dicho que comprende que«cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho», pero en el actual contexto de crisis lo que deben hacer, ha dicho, es ejecutar sus planes económico-financieros y reducir empresas públicas.

Al respecto, ha recordado que el Ministerio de Hacienda está realizando un seguimiento y «una monitorización permanente de la norma».

En lo que se refiere a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía «se respetan en los términos en los cuales los ha interpretado el Tribunal Constitucional», ha dicho Beteta, en el sentido de que «es competencia de las cortes generales concretar según la situación económica cuales son las cantidades» que corresponden.

«En atención a esa priorización de las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha habido que reducir la inversión, y en consecuencia no procedía anotar las cantidades que algunas comunidades reclaman», ha añadido.

Lo que ha dejado claro es que las comunidades «ven garantizada su financiación corriente» a través de los Presupuestos y en las entregas a cuenta, «que se pagarán en tiempo y forma tanto en la liquidación de hace dos años como a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación como el fondo de liquidez autonómica».

El secretario de Estado -que ha destacado que el presupuesto de 2013 es «serio, riguroso y creíble»- ha subrayado asimismo que en atención a que ocho de cada diez euros del gasto autonómico van dirigidos a servicios básicos su reducción ha sido mucho menor a la que por ejemplo se ha aplicado al gasto ministerial (8,9 %).

Baleares: ‘absolutamente injustos’

Uno de los presidentes que ha levantado la voz es el balear José Ramón Bauzá, del PP, quien ha sentenciado que los Presupuestos son «absolutamente injustos».

Bauzá ha detallado que ya ha manifestado personalmente su«disgusto» con las cifras dadas a conocer y ha anunciado que el Govern trabajará «para que mediante enmiendas se pueda reconducir esta situación».

Según el proyecto, la inversión del sector público estatal en Baleares será de 78,72 millones, cifra que supone un descenso del 45,04% respecto a las cuentas de 2012.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha dicho que las cuentas que no le «gustan» para la Comunidad Valenciana y ha sido muy claro al decir que quiere «más», ya que «para que se vea el potencial que hay en la sociedad valenciana se necesita la inversión necesaria para salir adelante».

Andalucía también se ha mostrado crítica con los Presupuestos. La región andaluza ha denunciado que por segundo año consecutivo se incumple su Estatuto. Así, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Diego Valderas, ha dicho que el PP «no deja otra salida» al pueblo andaluz que la de movilizarse «contra este injusto ataque».

Además de reducir en un 12% las transferencias, las cuentas recogen una inversión del sector público estatal en las autonomías de 13.030,32 millones de euros, un 16% inferior al proyecto de Presupuestos de 2012.

La reducción de inversión estatal ha afectado a todas las comunidades, con excepción de Cantabria y Castilla y León, y principalmente han sufrido una mayor reducción las autonomías de Navarra (68,31%) y Baleares (45,04%).

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