PLANES DE PREVENCIÓN. Descubierto en la operación ESPÍRITU un fraude de más de 25 millones de euros en el impago del IVA sobre bebidas alcohólicas

Descubierto un fraude de más de 25 millones de euros en el impago de IVA sobre bebidas alcohólicas

En la operación ESPÍRITU se ha detenido a 43 personas en 14 registros en empresas y domicilios e intervenido 12 vehículos de alta gama y un arma corta

Se han intervenido bebidas alcohólicas por valor de más de 4.000.000 €, que eran comercializadas muy por debajo del precio de mercado

La organización desmantelada, eludía el pago de IVA desde la actividad irregular de un Depósito Fiscal ubicado en la provincia de Castellón

Descubierto un fraude de más de 25 millones de euros en el impago de IVA sobre bebidas alcohólicas

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación ESPÍRITU, han desarticulado una organización criminal acusada de defraudar más de 25 millones de euros en IVA sobre la comercialización de bebidas alcohólicas.

La operación se ha llevado a cabo en las provincias de  Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lérida y Guadalajara y se ha saldado con la detención de 43 personas  y la intervención de bebidas alcohólicas por valor de más de 4 millones de euros.

Los delitos que se imputan a los miembros de esta organización delictiva son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.
Por parte de la Agencia Tributaria se presenta denuncia ante la Fiscalía de Castellón en septiembre de 2016, abriéndose diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, a las que se incorpora la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia y la ONIF.
Inicialmente, la investigación se centró en la actividad real de un Depósito Fiscal ubicado en esa provincia, con el fin de corroborar la hipótesis planteada sobre la existencia de un presunto delito contra la Hacienda Pública, pero a lo largo de la misma se fue detectando un entramado societario que se extendía por varias provincias del territorio nacional, formado por más de 60 empresas.
Este entramado de empresas, estaba perfectamente diseñado para enmascarar esta actividad delictiva, en la que cada sociedad desempeñaba diferentes roles.

Modus operandi

La adquisición de la mercancía, bebidas alcohólicas, se realizaba por un grupo de empresas denominadas “introductoras”, las cuales direccionaban el producto al Depósito Fiscal. Seguidamente, las bebidas espirituosas eran transportadas hasta los centros de distribución, que poseían la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado. Este bajo precio se lograba porque la organización criminal eludía pagar el impuesto del IVA.
Aunque la mercancía era trasladada realmente a los referidos centros de distribución directamente, documentalmente la organización, la hacía pasar por distintas sociedades, entre las que se distinguían dos clases, por un lado, las “pantallas” que, únicamente intentan difuminar el seguimiento de la mercancía y alejar la acción fraudulenta de los responsables criminales, y por otro lado las denominadas “truchas” o “missing traders”,  al frente de las cuales la organización criminal situaba testaferros.
Esta defraudación millonaria se perfeccionaba, ya que estas últimas eran las que la organización destinaba a no pagar el IVA correspondiente, de tal modo que cuando la Administración les exigía esta compensación,  nadie respondía a la misma, llegando a alcanzar un fraude que habría  superado los 25 millones de euros en este concepto.
De este modo, la organización criminal se aseguraba la colocación de todas las bebidas alcohólicas que pudiera adquirir distribuyéndolas por las provincias afectadas y  consiguiendo prácticamente una monopolización del mercado.
Además de las detenciones practicadas, la operación se ha saldado con el  bloqueo de varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos.
En la misma han participado distintas unidades pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil de las provincias afectadas, así como unidades caninas detectoras de papel moneda y drogas. Igualmente, han participado inspectores de diferentes dependencias regionales de inspección de la Agencia Tributaria y  la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

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Descubierto un fraude de más de 25 millones de euros en el impago del IVA sobre bebidas alcohólicas

Responsables de la Operación ESPÍRITU ofrecerán detalles de la misma, en la que han sido detenidas 43 personas en 14 registros en empresas y domicilios, e intervenidos 12 vehículos de alta gama y un arma corta sin marcado

Se han incautado bebidas alcohólicas por valor de más de 4.000.000 €, que eran comercializadas muy por debajo del precio de mercado

La organización desmantelada eludía el pago del IVA desde la actividad irregular de un depósito fiscal ubicado en la provincia de Castellón

Día: Viernes, 20 de abril de 2018

Hora: 10:30 horas  (acreditaciones)
11:00 horas  (inicio del acto)
Lugar: Dirección General de la Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, nº 110. Madrid

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Pretende además apoyar y contribuir activamente a las actuaciones en el sector por el Gobierno de España y por las Administraciones Autonómica y Local, favorecer al sector turístico español y cooperar en el logro de un mayor grado de competitividad, así como cooperar entre todas las instituciones públicas y privadas que intervienen en el sector turístico.

 

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PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR

Con la puesta en marcha de este Plan Director, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior busca responder de manera coordinada a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y jóvenes en la escuela y su entorno, mejorar su conocimiento sobre los recursos policiales para la prevención de la delincuencia y protección de las víctimas, concienciarles de la necesidad de erradicar las conductas violentas del ámbito escolar, fomentar el desarrollo de actitud proactivas en el rechazo y denuncia de estos comportamientos y fortalecer la cooperación policiales las autoridades educativas.


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Las nuevas tecnologías han incorporado innumerables ventajas a nuestra vida cotidiana o laboral (fácil acceso a todo tipo de información, almacenamiento de grandes cantidades de información, canales de comunicación e interactividad…) pero también han traído nuevas patologías. Para que una conducta tecnológica la consideramos adictiva, debe estar caracterizada por dependencia psicológica y presentar efectos perjudiciales. La dependencia psicológica incluye el deseo, ansia o pulsión irresistible (craving), modificación del estado de ánimo e incapacidad de control. Los efectos perjudiciales tienen que ser graves y alterar tanto el ámbito intrapersonal (experimentación de malestar) como el interpersonal (estudio, trabajo finanzas, ocio, relaciones sociales, problemas legales, etc.).

La persona con adicción a las TIC, presenta tecnoestress, pánico a que la maquinas fallen. Vive con la necesidad de estar siempre conectada y produce disminución de la concentración, pérdida de memoria, impaciencia e irritación. Los síntomas físicos asociados, son dolores de cabeza, malestar estomacal, dolores de espalda y dificultad para conciliar el sueño.

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Centrales de alarmas

 

REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de alarmas será preciso que:

  • La realización de la instalación haya sido efectuada por una empresa de seguridad inscrita en el registro correspondiente.
  • El material que se instale y utilice se encuentre debidamente aprobado, según lo establecido en el artículo 3 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.
  • Se cuente con el pertinente certificado de instalación y que se lleven a cabo las revisiones preventivas, conforme a lo que determinan los artículos 4 y 5 de la mencionada Orden.

FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN

Las centrales de alarmas deberán estar atendidas permanentemente por los operadores que resulten necesarios para la prestación de los servicios, en un número adecuado y proporcional al número de conexiones que tengan contratadas, y sin que en ningún caso puedan ser menos de dos operadores por turno ordinario de trabajo, que se encargarán del buen funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban.

Cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación, utilizando, para que ésta sea considerada válida, todos o algunos de los procedimientos técnicos o humanos establecidos en el Capítulo II de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, comunicando seguidamente, al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas.

CUSTODIA DE LLAVES

Las empresas explotadoras de centrales de alarmas podrán contratar, complementariamente, con los titulares de los recintos conectados, un servicio de custodia de llaves, de verificación de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos, y de respuesta a las mismas, en las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Orden INT/316/2011, a cuyo efecto deberán disponer del armero o caja fuerte exigidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. Las empresas industriales, comerciales o de servicios que estén autorizadas a disponer de central de alarma, dedicada exclusivamente a su propia seguridad, podrán contratar los mismos servicios con una empresa de seguridad autorizada para vigilancia y protección.

Los servicios de verificación personal de las alarmas y de respuesta a las mismas se realizarán, en todo caso, por medio de vigilantes de seguridad, y consistirán, respectivamente, en la inspección del local o locales, y en el traslado de las llaves del inmueble del que procediere cada alarma, todo ello a fin de facilitar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información sobre posible comisión de hechos delictivos y su acceso al referido inmueble. A los efectos antes indicados, la inspección del interior de los inmuebles por parte de los vigilantes de seguridad deberá estar expresamente autorizada por los titulares de aquéllos, consignándose por escrito en el correspondiente contrato de prestación de servicios.

Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distancia entre los inmuebles resultase conveniente para la empresa y los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad sin armas en unautomóvil conectado por radio-teléfono con la Central de Alarma. En este supuesto, las llaves habrán de estar codificadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante que los porte y variados periódicamente.

Para los servicios a los que se refieren los dos apartados anteriores, las empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar con vigilantes de seguridad sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar tal servicio con una empresa de esta especialidad.

FALSAS ALARMAS

En los supuestos de conexión de aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad con una central de alarma, con independencia de la responsabilidad y sanciones a que hubiere lugar, cuando el sistema origine dos o más falsas alarmas en el plazo de un mes, el Delegado o Subdelegado del Gobierno, que podrá delegar en el Jefe Superior o Comisario Provincial y, en su caso, la Autoridad autonómica que resulte competente, requerirá al titular de los bienes protegidos, para que proceda, a la mayor brevedad posible, en un plazo máximo que no podrá exceder de 72 horas, a la subsanación de las deficiencias que dan lugar a las falsas alarmas, pudiendo acordar la suspensión del servicio, ordenando su desconexión o la obligación de silenciar las sirenas, por el tiempo que se estime conveniente.

Se considera falsa toda alarma que no esté determinada por hechos susceptibles de producir la intervención policial. No tendrá tal consideración la mera repetición de una señal de alarma causada por una avería dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que ésta se haya producido.

LIBROS-REGISTRO

Las empresas de explotación de centrales de alarmas llevarán un libro-registro de alarmas, cuyo modelo se ajuste a las normas que apruebe el Ministerio del Interior, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado.

Las centrales de alarmas que tengan contratado servicio de custodia de llaves indicarán en el Libro-Registro de contratos cuales de éstos incluyen aquel servicio.