Hacienda insta a las comunidades a priorizar en educación, sanidad y servicios sociales

Hacienda insta a las comunidades a priorizar en educación, sanidad y servicios sociales

Vídeo: Efe

  • Niega que los PGE de 2013 incumplan los estatutos de autonomía
  • Baleares y Andalucía critican las cuentas y las tachan de “injustas”

Efe | Madrid

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha dirigido este domingo al Tribunal Constitucional para negar que los presupuestos de 2013 incumplan estatutos de autonomía y ha invitado a las CCAA a reducir gasto innecesario y centrarse en mantener la sociedad del bienestar.

“Deben centrarse en educación, sanidad y servicios sociales y el resto en estos momentos sobra”, ha recalcado Beteta en declaraciones a los medios tras reunirse con miembros del grupo popular en el Congreso para hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que se registraron el sábado en la Cámara Baja.

Preguntado por las críticas de comunidades por rebajar las transferencias en un 12%, Beteta ha dicho que comprende que“cuando el traje se vuelve estrecho todo el mundo quiere que sea más ancho”, pero en el actual contexto de crisis lo que deben hacer, ha dicho, es ejecutar sus planes económico-financieros y reducir empresas públicas.

Al respecto, ha recordado que el Ministerio de Hacienda está realizando un seguimiento y “una monitorización permanente de la norma”.

En lo que se refiere a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía “se respetan en los términos en los cuales los ha interpretado el Tribunal Constitucional”, ha dicho Beteta, en el sentido de que “es competencia de las cortes generales concretar según la situación económica cuales son las cantidades” que corresponden.

“En atención a esa priorización de las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales, ha habido que reducir la inversión, y en consecuencia no procedía anotar las cantidades que algunas comunidades reclaman”, ha añadido.

Lo que ha dejado claro es que las comunidades “ven garantizada su financiación corriente” a través de los Presupuestos y en las entregas a cuenta, “que se pagarán en tiempo y forma tanto en la liquidación de hace dos años como a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación como el fondo de liquidez autonómica”.

El secretario de Estado -que ha destacado que el presupuesto de 2013 es “serio, riguroso y creíble”- ha subrayado asimismo que en atención a que ocho de cada diez euros del gasto autonómico van dirigidos a servicios básicos su reducción ha sido mucho menor a la que por ejemplo se ha aplicado al gasto ministerial (8,9 %).

Baleares: ‘absolutamente injustos’

Uno de los presidentes que ha levantado la voz es el balear José Ramón Bauzá, del PP, quien ha sentenciado que los Presupuestos son “absolutamente injustos”.

Bauzá ha detallado que ya ha manifestado personalmente su“disgusto” con las cifras dadas a conocer y ha anunciado que el Govern trabajará “para que mediante enmiendas se pueda reconducir esta situación”.

Según el proyecto, la inversión del sector público estatal en Baleares será de 78,72 millones, cifra que supone un descenso del 45,04% respecto a las cuentas de 2012.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha dicho que las cuentas que no le “gustan” para la Comunidad Valenciana y ha sido muy claro al decir que quiere “más”, ya que “para que se vea el potencial que hay en la sociedad valenciana se necesita la inversión necesaria para salir adelante”.

Andalucía también se ha mostrado crítica con los Presupuestos. La región andaluza ha denunciado que por segundo año consecutivo se incumple su Estatuto. Así, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Diego Valderas, ha dicho que el PP “no deja otra salida” al pueblo andaluz que la de movilizarse “contra este injusto ataque”.

Además de reducir en un 12% las transferencias, las cuentas recogen una inversión del sector público estatal en las autonomías de 13.030,32 millones de euros, un 16% inferior al proyecto de Presupuestos de 2012.

La reducción de inversión estatal ha afectado a todas las comunidades, con excepción de Cantabria y Castilla y León, y principalmente han sufrido una mayor reducción las autonomías de Navarra (68,31%) y Baleares (45,04%).

Ámbito de aplicación ayuda victimas del terrorismo Ámbito de aplicación territorial

Ámbito de aplicación ayuda victimas del terrorismo

Ámbito de aplicación territorial

El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española.

Asimismo, será aplicable:

  • A las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de grupos que operen habitualmente en España o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español o los intereses españoles.
  • A los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista.

Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrán derecho a percibir exclusivamente una ayuda económica excepcional.

Ámbito de aplicación temporal

Los derechos y prestaciones regulados en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo serán de aplicación a los hechos que se hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960.

 Madrid, Baleares y Canarias pagan el déficit de las pensiones en Cataluña y País Vasco

Madrid, Baleares y Canarias pagan el déficit de las pensiones en Cataluña y País Vasco

Desde el año 2010, inclusive, las cotizaciones sociales que se recaudan en Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas catalanes.

LM/AGENCIAS 

Los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña, País Vasco y el resto de las autonomías, según reflejan los datos de la Seguridad Social desagregados por regiones y provincias, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Según estos datos, sólo ocho provincias aportan al sistema más de lo que reciben para pagar las pensiones. Se trata de Almería,CórdobaLas PalmasTenerifeGuadalajaraGeronaMadridÁlavalas Baleares. En el análisis de estas cifras se pueden ver paradojas como el hecho de que Almería realiza una aportación neta al sistema de Seguridad Social, pero tiene una de las pensiones medias más bajas de España, 672,5 euros.

Sin embargo, el País Vasco, cuya recaudación en cotizaciones sociales no cubre sus pensiones desde más siete años y en 2011 registró un déficit de 1.422 millones, tiene las pensiones más altas de todo el país. Los pensión media de jubilación de las tres provincias supera los 1.000 euros de media al mes.

Los vascos aportaron al sistema en 2011 por cotizaciones sociales 6.124 millones y recibieron 7.547 millones para pensiones. Alava es la única provincia de esta CCAA que aporta a la Seguridad Social más de lo que recibe de ésta para pagar a sus jubilados, 1.011 millones frente a 994, con una pensión media de 1.033 millones.

Guipúzcoa y Vizcaya, por el contrario, aportan menos de lo que reciben. En el primer caso son 2.013 millones frente a un coste global de sus pensiones de 2.489 millones de euros, siendo su pensión media mensual de 1.000, 23 euros. Vizcaya aporta 3.099 millones y recibe 4.062 y la pensión media se iguala a la de Alava con 1.033 millones.

Gerona, la única con superávit

Estas cifras, que forman parte de la caja única de la Seguridad Social, han cobrado especial interés en su forma desagregada por CCAA tras la polémica suscitada por la reivindicación independentista del Gobierno catalán y sus acusaciones continuas de que sus problemas económicos provienen de España y de que esta CCAA aporta más de lo que recibe a la solidaridad nacional.

En el caso concreto de las cifras de la Seguridad Social, estas reflejan que, desde el año 2010, inclusive, las cotizaciones sociales que se pagan en Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas catalanes.

Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de 18.422 milones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos fueron de 19.541 millones.

Si las cifras se analizan por provincias, sólo Gerona tiene un saldo positivo –ingresa 1.560 millones de euros y recibe 1.548–, el resto reciben más de lo que aportan para sus jubilados. Es el caso de Barcelona, con una aportación de 14.317 millones y un coste total de sus pensiones de 15.291; lo mismo sucede en Lérida, donde las cotizaciones suman 878 millones y las jubilaciones cuestan 971 y en igual situación está Tarragona, con 1.616 millones aportados al sistema en 2011 y 1.728 millones recibidos.

La pensión media también varía, siendo la provincia de Barcelona la que tiene jubilaciones más elevadas en esa CCAA, 886 euros de media al mes, frente a los 715 de Lérida; los 744 de Gerona y los 794 de Tarragona.

Madrid, Baleares y Canarias

Por CCAA, los saldos positivos que aportan Madrid, Baleares y Canarias a la caja única de la Seguridad Social son los que ayudan a equilibrar los ingresos y los gastos del sistema de pensiones. De hecho, Madrid aporta al sistema 17.293 millones de euros y los pensionistas de la CCAA cuestan 14.241, con lo que el saldo positivo para las arcas de la Seguridad Social con esta región es de 3.052 millones, a pesar de tener una de las pensiones medias más altas de España, después del País Vasco, 979 euros.

Lo mismo sucede en Canarias, donde los ingresos netos para la caja única ascienden a 465 millones, después de que las cotizaciones recaudadas en esta CCAA ascendieron a 3.525 millones en 2011 y los pagos por pensiones supusieron 3.060 millones. Aquí, la pensión media es de 782 euros en Las Palmas y 782 en Tenerife.

Baleares es la tercera CCAA con superávit en este sentido, ya que recauda por cotizaciones 2.251 millones y gasta en sus jubilados 1.878 millones, con un remanente para la Seguridad Social de 373 millones de euros en 2011, siendo su pensión media de 756 euros.

La paradoja de Almería y Córdoba

Si el análisis se hace por provincias, son un total de ocho las que aportan más de lo que reciben. Un caso paradójico es el de Almería y Córdoba. Las dos provincias andaluzas que cuentan con pensiones medias entre las más bajas de España –no llegan a los 700 euros– y sin embargo, contribuyen a pagar las del resto del país.

En el caso de Almería, con 672 euros de pensión media, la aportación en 2011 al sistema de pensiones fue de 1.061 millones, pero sus jubilados sólo gastaron 952 millones, con lo que el remanente para la Seguridad Social fue de 109 millones de euros. Y el año anterior, fue de 136 millones.

Lo mismo ocurre en Córdoba, provincia en la que los jubilados tienen una paga media de 695 euros, pero también contribuyen a pagar la de otros pensionistas, ya que las cotizaciones suman 1.881 millones y los pagos en pensiones en esta provincia ascienden a 1.668 millones, es decir, 213 millones de remanente para la caja única.

No obstante, Andalucía gasta más de lo que ingresa para las pensiones: 13.271 millones frente a 15.230, siendo Cádiz la privincia con la pensión media más alta en esta región, 849 euros mensuales, frente a los 708 de Granada; los 703 de Jaén, los 774 de Málaga, o los 782 de Sevilla y Huelva.

Otras Comunidades

En Aragón, las cotizaciones ascienden a 2.918 millones y también son deficitarias, ya que el gasto asciende a 3.527 millones. La pensión media más alta de la región es la de Zaragoza, con 895 euros y la más baja, la de Teruel, con 777.

Asturias cuenta con la quinta pensión media más alta del país, 982 euros. Esta CCAA, además, recibe casi el doble de lo que aporta, 4.189 millones frente a 2.231. Cantabria tampoco equilibra las cuentas ya que sus pensionistas cuestan 504 millones más de lo que se recauda en la región, cuya pensión tienen un coste medio de 861 euros al mes.

En Castilla-La Mancha, el desfase es de 447 millones –3.348 de ingresos, frente a 3.929 de gastos–; aunque Guadalajara –con la pensión media más alta, 873 euros– aporta más que recibe –468 millones frente a 464–.

Galicia cuenta con uno de los mayores desfases por regiones, 2.275 millones de euros, pues recauda 5.136 millones y gasta 7.411 millones, a pesar de que Orense y Lugo son las provincias con las pensiones medias más bajas de todo el país, 605 y 617 euros.

El déficit de Castilla y León también está entre los más altos, 2.092 millones, ya que recauda por cotizaciones 4.773 millones y paga en pensiones 6.865. La pensión media más alta es la de Valladolid, 925 euros, y la más baja, la de Zamora, 692.

Los jubilados valencianos reciben 1.150 millones más de lo que se recauda en la CCAA por cotizaciones –8.848 millones, frente a 9.998–.Extremadura también tiene un desfase de 759 millones; el de La Riojaes de 92 millones; el de Murcia, de 49 millones; en Navarra, de 22; enCeuta, de 96 y en Melilla, de 93.

Uruguay realiza mañana la postergada subasta de aviones de Pluna

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Montevideo, 30 sep (EFE).- El Gobierno uruguayo realizará mañana la subasta de siete aviones Bombardier CRJ 900 de la aerolínea Pluna, liquidada el pasado mes de julio, y que fue postergada el pasado 12 de septiembre.

Cuando se decidió postergar el acto, cuatro horas antes de la fijada para su inicio, el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, dijo que fue para “buscar mejores condiciones”.

La Administración del presidente José Mujica, “tiene la convicción” de que el retraso por algunos días servirá “para que haya mejor competencia” y un “eventual mejor resultado”, afirmó Astori, que fue el ministro de Economía y Finanzas del primer gobierno de la coalición de izquierda Frente Amplio (2005-2010) y se le reconoce como el arquitecto de la política económica del país.

En los últimos días las autoridades uruguayas se llamaron a silencio sobre el tema.

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, se limitó a expresar que el Gobierno tiene “tranquilidad” sobre el desarrollo de la subasta, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, prefirió no referirse al tema.

Cuando se decidió postergar la subasta, Pintado afirmó que había “cuatro oferentes” interesados en los aviones y estimó que ese número “es poco” para garantizar el éxito.

Las condiciones fijadas por el Gobierno para la subasta, con una base de 136.885.156 dólares por el paquete de los siete aviones, “se mantienen en todos sus términos”, afirmó Astori.

Sin embargo se modificó el lugar para el acto que se realizará en el Prado de Montevideo, sede habitual de la mayor exposición ganadera del país, y no en el Aeropuerto de Carrasco, como estaba fijado originalmente.

Entre las compañías aéreas que habían manifestado su interés de participar en la subasta figuran la venezolana Conviasa, la argentina Sol (Milan: SOL.MI – noticias) y BQB, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena.

También anunció su voluntad la empresa de autobuses de Montevideo, CUTCSA, que tiene entre sus socios decenas de emigrantes españoles y un grupo de inversores europeos cuyo nombre no trascendió

Sin embargo, en los últimos días se especuló con que Conviasa desistió porque sus autoridades entienden que la participación podría influir en las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para el próximo 7 de octubre.

Para el caso de que la subasta fracase, el Gobierno uruguayo maneja la opción de mantener los aviones y encarar una posible asociación con alguna empresa interesada en explotar las líneas que cubría Pluna y que también son parte del negocio.

El Parlamento uruguayo aprobó el 17 de julio pasado la liquidación de Pluna, tras un proyecto impulsado por la administración del presidente José Mujica, debido a la crítica situación financiera de la empresa.

Al momento del anuncio de su quiebra, el pasado 9 de julio, Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile (Berlín: G4R.BE – noticias) y Paraguay lo que suponía cerca del 80 por ciento del total de vuelos en Uruguay.

Algunas de sus frecuencias le fueron otorgadas temporalmente a otras compañías.

El pasado 15 de junio, el Gobierno uruguayo anunció un acuerdo para una “salida ordenada” con el Grupo argentino Leadgate, que tenía el 75 % por ciento de las acciones de Pluna, mientras que el Estado poseía el 25 % restante.

Tras la intervención, el Gobierno se dio un plazo de un mes para recibir inversionistas interesados en adquirir la empresa, pero éstos nunca aparecieron, lo que detonó la decisión de suspender sus actividades y proceder a la disolución.

Según cifras oficiales, al momento de la quiebra Pluna tenía deudas por valor de 380 millones de dólares.